La policía italiana detuvo en la ciudad de Milán a Franco Maltese, un ciudadano argentino de 28 años condenado en 2022 por abuso sexual agravado contra una joven. El detenido, que permanecía prófugo desde marzo del año pasado, será extraditado a la Argentina en cumplimiento de la sentencia dictada por la justicia penal porteña.
La captura fue posible gracias a una investigación impulsada por la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCap), dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli. La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), liderada por Diego Solernó, y el área de Interpol de la Policía Federal Argentina también colaboraron en el operativo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal, Maltese había sido condenado el 5 de mayo de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) Nº 5 de Capital Federal, en un expediente que contó con la intervención de la Fiscalía Nº 5, encabezada por el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi. En esa sede, el TOC lo encontró penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.
El hecho ocurrió en marzo de 2017, cuando el joven acordó un encuentro en la casa de la víctima, a quien había conocido mediante una aplicación de citas. De acuerdo a las actuaciones, mantuvieron una relación sexual inicialmente consentida, pero en determinado momento, el acusado se quitó el preservativo y eso provocó que la damnificada se negara a continuar. A pesar de su postura, él la sujetó del cuello y continuó con el acto por la fuerza hasta finalizar.
Apelada la sentencia, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó en septiembre de 2023 la condena a prisión y rechazó todos los agravios de la defensa. En el voto que lideró el acuerdo, el juez Jorge Rimondi destacó que la joven “desde el inicio de la investigación y a lo largo del tiempo mantuvo la misma versión de los hechos de que no quiso continuar la relación sexual cuando se quitó el preservativo y el imputado mediante fuerza (más precisamente en el cuello) decidió continuar contra su voluntad”.
Tras quedar firme el fallo, el TOC 5 ordenó el 11 de marzo de 2024 la captura nacional e internacional del condenado. Dos meses después, la fiscalía solicitó formalmente la intervención de la SeCap para localizar al joven de 28 años.
A partir de allí, se desplegaron distintas acciones de búsqueda. Se requirieron datos al Registro Nacional de las Personas, a la Dirección Nacional de Migraciones y a compañías telefónicas, además de realizar un relevamiento exhaustivo en redes sociales. La información migratoria permitió determinar que los padres y el hermano de Maltese cruzaron a Chile en agosto de 2023, sin que existiera registro del regreso del joven. Los investigadores presumieron, entonces, que el imputado podría haber salido del país utilizando documentación de su hermano.
Con apoyo de la DIGCRI, se estableció que Maltese poseía ciudadanía alemana, y que había tramitado su pasaporte en abril de 2022. Además, se confirmó que el 15 de agosto de 2023 obtuvo un documento de identidad alemán en la ciudad de Neuhausen. Esa información se reforzó con una serie de indicios digitales: en junio de 2024, el joven se unió a grupos de Facebook orientados a conseguir casa y trabajo en Hamburgo. Y según un perfil de la red profesional LinkedIn, también manifestaba interés por trabajar en la ciudad de Núremberg.
Ante el avance de la pesquisa, la SeCap solicitó la intervención del área de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina. Sin embargo, las autoridades alemanas indicaron que no tienen autorizada la extradición de ciudadanos nacionales, lo que dificultó el procedimiento.
Finalmente, el 23 de julio pasado, la policía italiana localizó y detuvo a Franco Maltese en Milán. La extradición fue solicitada en el marco de la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana, firmada el 9 de diciembre de 1987. Con la captura del prófugo, se iniciaron los trámites para su repatriación.
Una vez en territorio argentino, el joven quedará a disposición del tribunal que lo condenó y deberá hacer efectiva la pena de seis años de cárcel en su contra.
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