Juan Grabois pidió este jueves ante la Cámara Federal porteña la nulidad de su detención y el cierre de la causa judicial donde se investiga la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón. Según plantearon sus abogados, la Policía Federal Argentina (PFA) lo privó de su libertad por orden del Poder Ejecutivo y no de la Justicia. Horas después recuperó su libertad.
Junto a decenas de militantes, legisladores y dirigentes, el último 7 de junio Grabois tomó el edificio del centro de estudios e investigaciones ubicado en el barrio porteño de Recoleta, en Austria al 2601. El objetivo era protestar contra el cierre del lugar que había anunciado el Gobierno.
La PFA capturó al líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) durante el operativo de desalojo. Su detención generó disturbios y, minutos más tarde, fue aprehendido un segundo militante.
A Grabois lo trasladaron a la Superintendencia de Investigaciones Federales. Recuperó su libertad algunas horas después, luego de prestar declaración indagatoria. El juez federal Sebastián Ramos le delegó la investigación del caso al fiscal Carlos Rívolo, que incautó el celular del dirigente y pretende revisarlo.
Sobre este punto se quejó horas antes de la audiencia en Comodoro Py: “Están violando el secreto profesional que tienen mis asistidos, particularmente en el caso Libra, los trabajadores del Instituto, las víctimas del gobierno que defiendo; van a encontrar comunicaciones con la Santa Sede en el marco de mi rol como miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, comunicaciones personales y conversaciones políticas. Busquen tranquilos, no hay nada que me avergüence y mucho que me enorgullece; los Milei y sus secuaces no pueden decir lo mismo”, manifestó Grabois en sus redes sociales.
Esta mañana él no asistió personalmente a los tribunales federales porteños. Fueron sus abogados quienes expusieron ante los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens tres argumentos centrales por los que, según consideran, se debería cerrar la causa.
Los representantes de Grabois le mostraron varios videos a los camaristas, entre ellos un recorte de la conferencia de prensa que brindó Luis Alejandro Rolle, jefe de la PFA, en la que afirma sobre el operativo y la detención: “Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional”.
Esto, según definió el abogado vinculado a la UTEP, Nicolás Rechanik, sería “una intromisión del Poder Ejecutivo de la Nación” en la Justicia y violaría el artículo 109 de la Constitución Nacional, que le prohíbe al presidente ejercer funciones judiciales.
“Tienen una oportunidad histórica de enmendar este error y dar una señal política clara de que la división de poderes en Argentina sigue existiendo y está resguardada por las autoridades judiciales. No está bien que el Poder Ejecutivo mande a detener a un dirigente social y político por el hecho de ser opositor a su ideología”, le planteó en la audiencia el abogado a los jueces de la Cámara Federal.
Por otro lado, la defensa de Grabois negó que haya existido un delito en flagrancia que ameritara la detención sin orden judicial, e insistió con que él estaba allí no como organizador de la toma del Instituto, sino en calidad de abogado de los militantes presentes.
En esta causa, Juan Grabois se encuentra imputado por usurpación, daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales.
Bruglia, Bertuzzi y Llorens decidirán ahora -sin plazos, aunque fuentes del caso estiman que será un trámite rápido- cómo resuelven el planteo de nulidad de la defensa: pueden darle la razón y que el dirigente termine sobreseído, o bien convalidar la detención y dejar que avance la investigación del fiscal Rívolo.
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