La Fiscalía Federal de Río Cuarto pidió llevar a juicio oral y público a Miguel Ángel “Minino” Negro, ex intendente de Santa Catalina -localidad cordobesa más conocida como Holmberg- durante más de cuatro décadas, y su heredero político Oscar Ignacio “Cotorra” Alaniz. Los acusan de haber instigado la usurpación de predios estatales justo antes del cambio de gestión en 2023.
También serán sometidos al proceso Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y Mayra Desireé Garretón, a quienes el Ministerio Público Fiscal consideró coautores en este delito.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, cuando diversas familias procedieron a asentarse y construir infraestructuras en los alrededores de las vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, en la zona oeste de Holmberg.
El fiscal subrogante Rodolfo José Cabanillas sostuvo en su requerimiento que el entonces intendente Negro y Alaniz —quien fue candidato a intendente en junio de 2023 para suceder al histórico dirigente peronista— impulsaron a los mencionados coautores y a otros individuos aún no identificados a ocupar sin autorización estos terrenos que integraban el patrimonio del Estado nacional.
De acuerdo a la investigación, Negro y Alaniz proporcionaron información acerca de la existencia de estos terrenos y de la viabilidad de su ocupación. Además, habrían prometido facilitar la conexión del servicio de electricidad, con el fin de que los ocupantes pudieran dar inicio a la edificación de sus viviendas en el lugar. Conforme a estas directrices, Fernando Romano -uno de los acusados- tomó posesión de un terreno fiscal, edificó un pilar de luz en el sitio y consiguió un certificado de aptitud de instalación eléctrica, documento exigido por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP).
El 29 de diciembre de 2022, Romano acudió a la sede municipal de Santa Catalina y se reunió con el intendente Negro con el objetivo de tramitar la conexión del servicio eléctrico en el terreno que había ocupado.
En la misma fecha, el jefe comunal preparó un escrito dirigido a los directivos del ERSeP, en el cual solicitó que la prestadora otorgara autorización a la Cooperativa de Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina Limitada para que suministrara el servicio eléctrico en calidad de usuario precario a las viviendas que se encontraban asentadas en el predio ferroviario. Según consta en la causa, Negro anexó una copia del DNI de Romano a su presentación, señalándolo como el propietario de las referidas viviendas.
Luego, entre el 6 y el 23 de enero de 2023, ya con la conexión eléctrica funcionando, Romano, Garretón, Báez y un grupo de entre cincuenta y sesenta personas cuya identidad aún no se determinó, habrían ocupado los terrenos fiscales adyacentes a las vías.
La fiscalía precisó que, una vez allí, los ocupas efectuaron aproximadamente sesenta subdivisiones con alambres y bolsas para lotear la zona. En estos espacios, llevaron a cabo construcciones, levantaron cimientos, trasladaron herramientas, grupos electrógenos y vehículos, y se establecieron con sus familias, constató el fiscal Cabanillas.
La ocupación del lugar fue observada por más de 150 vecinos, quienes realizaron denuncias ante el Juzgado Federal de Río Cuarto. Estas presentaciones se concretaron los días 18 y 19 de enero de 2023. Poco después de la primera denuncia vecinal, el propio intendente Negro presentó una denuncia similar, en la que dio a conocer los mismos sucesos que habían sido reportados por los residentes.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Cabanillas hizo mención de un informe de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., el cual también cuenta con un relevamiento de las irregularidades y detalles de la toma.
Entre las pruebas que presentará la fiscalía en el juicio hay un informe de un noticiero cordobés en el que se pudo observar a Báez presente en el predio, reconociendo la existencia de la ocupación del lugar.
La acusación fiscal
Según la acusación fiscal, la ocupación de los terrenos se enmarcó en promesas típicas de una campaña electoral realizada por ambos imputados —uno en su rol de intendente y el otro como aspirante a sucederlo por el mismo partido político—, con el fin de ganar votos.
El fiscal destacó la intervención de Negro ante el ERSeP y la Cooperativa Eléctrica para habilitar el servicio a nombre de Fernando Romano, aun teniendo conocimiento de que se trataba de terrenos pertenecientes al ferrocarril. Cabanillas también documentó el uso de camiones identificados con la señalética del Municipio de Holmberg para el traslado de escombros al predio usurpado, lo cual se constató en un allanamiento.
En lo referente a Alaniz, la fiscalía indicó que su papel instigador se comprobó mediante testimonios, el cruce de llamadas telefónicas y audios en los que se lo mencionó como el principal responsable de “regalar terrenos” durante la campaña. También valoró la declaración de un vecino que aseguró haber conversado con un hombre que bajó de un auto y le consultó “si sabía dónde estaban los terrenos que estaba regalando el ‘Cotorra’”.
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