
Con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad, la ex presidenta Cristina Kirchner deberá comenzar a cumplirla. Para eso, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py deberá definir los próximos pasos a seguir.
El primero es informarle a la ex presidenta que queda detenida. La primera opción, y que ya se aplicó en otras causas, es citarla a los tribunales de Comdoro Py para que se presente y así comenzar a cumplir la detención.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que en principio ese es el criterio que suele tomar el TOF 2, el tribunal oral que hizo el juicio y condenó a Cristina Kirchner y con la confirmación de la condena el encargado de hacerla cumplir. Está integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Son los dos magistrados titulares del tribunal ya que el tercer lugar está vacante.
En los últimos días se creó tanta expectativa por el eventual fallo de la Corte que los jueces suspendieron un viaje a Jujuy de capacitación del nuevo sistema acusatorio al que estaban invitados todos los magistrados de los tribunales orales de Comodoro Py y se quedaron en Buenos Aires.
La citación a tribunales es el criterio que se viene aplicando. Puede ser un día específico o en un rango de días. El TOF 2 ya hizo eso en el caso de la tragedia ferroviaria de Once y el año pasado con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: les impuso un día para que concurran a los tribunales. Lo mismo hizo otro tribunal la semana pasada en el caso de la “Ruta del dinero K”, cuyas condenas también dejó firmes la Corte Suprema.
Se prevé que en el caso Vialidad el tribunal siga el mismo criterio. Sobre todo porque no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó. Pero todo dependerá de distintas variables.
El cumplimiento de las condenas es para Cristina Kirchner pero también para el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

Cuando se presenten se deberá determinar cómo cumplirán la condena. En principio es una prisión federal. Pero dependerá de si las defensas piden que sea en modalidad domiciliaria, lo que se descarta que la mayoría hará sobre todo por razones de salud y de edad.
En el caso de Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley prevé que se puede pedir a partir de los 70 años, pero la concesión no es automática. Inclusive el trámite de una prisión domiciliaria lleva varios días o semanas y tienen que opinar las partes del caso.
Ahí el punto será determinar cuál es el lugar de alojamiento hasta que se defina si se le concede la prisión domiciliaria. Puede ser desde una unidad penitenciaria, una dependencia policial o de otra fuerza de seguridad o hasta la propia detención domiciliaria. “Hay varias opciones que ya manejamos”, el confió a este medio una fuente judicial que trabaja en el tema,
En tribunales hoy ya se planteaba una situación especial sobre Cristina Kirchner: la seguridad. La ex presidenta podría invocar que por ese rol que cumplió dos veces -más de el de vicepresidenta- y porque en 2022 intentó ser asesinada, su seguridad tiene un rol gravitante y, por lo tanto, el lugar de detención debe ser elegido con especial atención a ese punto.
Pero todo también dependerá de las presentaciones que hagan las partes. Tanto la defensa de la ex presidenta, a cargo de Alberto Beraldi, como de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Pueden hacer distintos planteos sobre cómo se debe ejecutar la sentencia que el tribunal deberá resolver.
También hay situaciones que se deberá analizar en cada caso. Esta es la primera condena a Cristina Kichner, pero López y Báez ya tienen otras por lo que se tiene que hacer un cómputo especial para determinar una pena única. Además, Báez está actualmente en prisión domiciliaria en El Calafate, en Santa Cruz, y con un pedido para que regrese a la cárcel luego que quedó firme su condena de 10 años de prisión por la “Ruta del dinero K”.
Eso respecto a la condena penal. Pero también está la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Oral deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para quitar a la ex presidenta del padrón electoral. Estar en el padrón es un requisito indispensable no solo para poder votar, sino también para poder ser elegido en una elección.
Últimas Noticias
Le robaron el auto, lo incendiaron y la aseguradora quería pagarle un valor desactualizado: la Justicia fijó una indemnización de casi diez veces más
Tras el violento asalto, y ante la demora de la compañía en el pago, el damnificado decidió llevar el caso a los tribunales. El juez rechazó los argumentos de la empresa y ordenó actualizar la compensación por destrucción total, además del daño moral y punitivo

¿Te pueden dar de baja el número si no cargás crédito? Un fallo judicial le dio la razón a una telefónica
La Justicia rechazó la demanda de un hombre que perdió su línea prepaga después de 60 días sin recargas. El tribunal entendió que la empresa había informado adecuadamente las condiciones del servicio

Choque múltiple de 29 autos: una de las damnificadas le ganó un juicio a la concesionaria de la autopista
Una mujer herida en el accidente logró que la Justicia responsabilizara a la empresa concesionaria. La sentencia subraya su obligación de mantener la circulación libre de riesgos y señala la omisión de medidas preventivas y la falta de señalización adecuada

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su nieta cuando tenía 6 años
El fallo fue firmado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 porteño. Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el agresor estaba a cargo del cuidado de la menor

La Cámara de Mar del Plata confirmó el rechazo de un amparo laboral de un empleado público que invocó protección gremial
El tribunal de alzada entendió que no estaba acreditada la cobertura sindical al momento del despido y señaló que el caso contra el Estado Nacional debe resolverse por otra vía judicial




