Días decisivos en la Corte Suprema para la definición sobre el futuro de Cristina Kirchner

La Corte Suprema atraviesa días clave para resolver el expediente más sensible del calendario político y judicial del país: la causa Vialidad. El tribunal debe decidir si confirma o no la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la obra pública durante sus gobiernos. Se trata de una decisión que puede modificar por completo el escenario electoral del año. La próxima reunión plenaria es el martes 10 de junio.

Aunque ninguna decisión es definitiva hasta que está firmada, todo indica que la Corte se encamina a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024 (el máximo tribunal penal del país) que a su vez confirmó las condenas impuestas por el TOF 2 en 2022. Según fuentes del tribunal, sería invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.

Fuentes del tribunal aseguran que se estaría analizando firmar un fallo basado en ese artículo (que deja firme la sentencia apelada) pero con votos fundamentados, dado la trascendencia institucional del caso.

Respecto a la posición de cada uno de los tres jueces, habría un voto con argumentos propios de Horacio Rosatti, uno también propio de Ricardo Lorenzetti, en tanto el tercer juez, Carlos Rosenkrantaz, podría coincidir con los argumentos de Rosatti o redactar un voto aparte pero en el mismo sentido.

En su momento circuló la versión de que Rosenkrantz estaba analizando la posibilidad de revisar la condena, en coincidencia con la opinión del Procurador Eduardo Casal, pero esa opción habría sido descartada.

La vía de rechazar los recursos de los defensores sin más trámite ya ha sido usada en numerosos casos anteriores de trascendencia política, como en la condena a Milagro Sala o al ex vicepresidente Amado Boudou.

Esa decisión de la Corte no sólo tendrá efectos penales: una condena firme significaría la inhabilitación inmediata de la ex Presidenta para competir por cualquier cargo público, además de la posibilidad de que quede detenida, posiblemente con arresto domiciliario.

De quedar confirmada la condena, el expediente deberá volver al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), quien no sólo tendrá que decidir sobre la situación de la ex presidenta en cuanto al cumplimiento de su condena, sino la de los otros ocho condenados en la causa Vialidad, entre ellos Lázaro Báez y José López.

Todas las opciones

Recientemente, la defensa de Cristina presentó una recusación contra el juez Lorenzetti, acusándolo de haber opinado públicamente sobre el caso. El planteo fue rechazado esta semana por la Corte, que lo consideró “manifiestamente inadmisible”. Entre los argumentos, se destacó que la recusación no fue presentada en tiempo y forma, y que los hechos alegados eran de conocimiento público desde hace tiempo. También ya recibió el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal.

Por eso la Corte ya se encuentra en condiciones de resolver todos los recursos, en cualquiera de las opciones procesales posibles:

Rechazar las quejas por cuestiones formales, por la falta de fundamentación adecuada, entre otros aspectos. En este caso las condenas quedarían confirmadas de inmediato.

Solicitar la causa principal y remitir todas las quejas a la Procuración General de la Nación a fin que dictamine y posteriormente resolver.

Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y revocar la sentencia, ordenando el dictado de una nueva.

Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y, aplicando el art. 16 de la ley 48, por ejemplo, absolver a Cristina o condenarla ampliando la calificación, como pidió el Procurador.

La investigación

La causa Vialidad llegó a la Corte con dos condenas firmes. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El fallo fue confirmado en 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó agravar la pena a 12 años de prisión, incluyendo el delito de asociación ilícita, como habían reclamado los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar, en un dictamen que fue respaldado por el Procurador Casal.

La causa investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor del empresario Lázaro Báez. Para la Justicia, Cristina fue responsable de una maniobra sistemática para beneficiar al empresario cercano a los Kirchner.

Un fallo que exige unanimidad

La sentencia en el caso Vialidad no admite la disidencia de alguno de los integrantes del tribunal. De los cinco jueces de la Corte, solo tres están actualmente en funciones: Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, tras el retiro de Elena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda. Eso implica que cualquier resolución requiere unanimidad. Caso contrario, como ocurrió con la causa conocida como “la ruta del dinero K”, habría que convocar a dos conjueces.

En este escenario, los tiempos políticos imprimen una presión extra a un tema de enorme trascendencia institucional. Es porque Cristina confirmó hace pocos días su candidatura como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires. Lo hizo antes del cierre de listas, previsto para el 19 de julio, en una jugada estratégica: si logra ser oficializada antes de que la Corte dicte sentencia, obtendría fueros provinciales que impedirían su arresto inmediato y bloquearían la aplicación efectiva de la inhabilitación.

El calendario electoral es determinante. La presentación de candidaturas nacionales vence el 17 de agosto, pero la de los comicios provinciales, donde Cristina competirá, se cierra casi un mes antes. Por eso, el margen de acción para que la decisión de la Corte sea de cumplimiento efectivo se acorta día a día.

Aunque la condena aún no está firme, la decisión del tribunal ya genera tensión dentro del oficialismo y en el entorno presidencial. El gobierno de Javier Milei también observa de cerca el expediente, y algunos sectores consideran que la polarización con el kirchnerismo le resultaría funcional: mantener a Cristina en carrera política para agitar la bandera del pasado, la corrupción y la confrontación directa con una figura que divide aguas.

El tribunal se encuentra en un momento delicado: cualquier decisión tendrá consecuencias políticas, jurídicas e institucionales. En el centro de esa tormenta está Cristina Kirchner, con un pie en la campaña y el otro en el banquillo.