La etapa de alegatos en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba concluyó este miércoles con la exposición de la defensa del ex ministro de Salud, Diego Cardozo. Sus abogados pidieron al jurado popular y a los jueces de la Cámara Séptima del Crimen que voten por su absolución. Ahora el debate oral y público entrará en un breve receso antes de que se haga lugar a las últimas palabras de los acusados y, finalmente, al veredicto.
Los defensores Germán Matheu y Lucas De Olmos sostuvieron la inocencia de Cardozo al remarcar que “no existían indicios criminales” a la fecha del 7 de junio, cuando ya habían ocurrido las cinco muertes y las ocho descompensaciones sin explicación médica razonable. Las sospechas, según argumentaron, estaban puestas en episodios de mala praxis.
A su vez, resaltaron que el entonces ministro ordenó múltiples medidas desde su cartera para esclarecer lo que estaba ocurriendo en el Neonatal. Y negaron algunas acusaciones que se hicieron contra Cardozo, en cuanto a la eliminación de información de sus dispositivos y su vínculo con la directora Liliana Asís, máxima autoridad del hospital e imputada en la causa.
En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación para el ex funcionario, que está acusado de omisión de deberes y encubrimiento agravado calificado. Se le imputa no haber denunciado los presuntos crímenes seriales. En efecto, la cadena de muertes y descompensaciones llegó a la Justicia recién un mes después del último caso, gracias a la denuncia del marido de una médica.
Según consta en la declaración indagatoria de Cardozo, a la que accedió Infobae, él dio la orden de denunciar todo en la fiscalía, pero nunca se concretó. Dijo habérselo pedido específicamente al secretario de Salud Pablo Carvajal, otro de los imputados, quien dos días después le habría reportado que la formulación de la denuncia estaba en marcha.
El 19 de junio Cardozo se fue a Estados Unidos para participar de un evento de la AmCham y a su regreso, el 7 de julio, Carvajal le ratificó que el área de Legales del Ministerio había hecho la denuncia, siempre de acuerdo a la versión vertida en la indagatoria.
Los días 9, 10, 11 y 18 de junio, serán las audiencias programadas por el tribunal para escuchar las penúltimas y últimas palabras de los acusados. En esa última jornada también se hará la deliberación final, y se dará a conocer el veredicto.
En Córdoba, los juicios por jurados se resuelven con el voto de ocho ciudadanos y dos jueces, que son los vocales del tribunal, José Daniel Cesano y Laura Huberman. En caso de haber empate, definirá la presidenta de la Cámara, Patricia Soria.
El caso
En un juicio histórico, sin precedentes en la historia argentina, se están debatiendo los presuntos asesinatos de cinco bebés y la descompensación de otros ocho recién nacidos. Todos los casos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022.
En sus alegatos, el fiscal Sergio Ruiz Moreno repasó una serie de pruebas que, a su entender, demuestran que las descompensaciones repentinas de los bebés -sanos, con partos exitosos- solo pueden explicarse con una mano asesina.
Además, reafirmó que las inyecciones de potasio e insulina que se detectaron en algunos niños fueron intencionales, y que la enfermera Brenda Agüero “es la única persona que estuvo durante las fechas en las que ocurrieron los 13 atentados”.
Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales de Cámara sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los recién nacidos para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeras para que la “ascendieran”. Quería dar el salto de Obstetricia a Neonatología, donde están los mejores enfermeros, de acuerdo a lo dicho por la acusación.
Aparte de la imputación contra Agüero, hay una decena de directivos del hospital y funcionarios del Ministerio de Salud sentados en el banquillo de los acusados por encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes.
Es que todo lo ocurrido en el Neonatal se denunció recién un mes más tarde, el 4 de julio, gracias a que el marido de una médica sospechó lo obvio: que 13 muertes y descompensaciones en tan poco tiempo no podían haber pasado por casualidad.
Ningún funcionario o directivo reportó formalmente la cadena de tragedias inexplicables, aunque se tenía conocimiento de los hechos. Tampoco hubo fiscales o autoridades del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas suficientes para afirmar que Brenda Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina. Creen que lo hizo de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.
La imputación contra Agüero es por cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.
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