El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ya está en una celda de la provincia de Salta, desde donde será trasladado mañana para asistir al comienzo del segundo juicio en su contra por estafas reiteradas y asociación ilícita. Lo juzgarán junto a cuatro socios con los que operó en territorio salteño. En esta causa hay 118 damnificados por el presunto esquema piramidal.
Desde las 9, la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Martín Pérez, Leonardo Feans y Javier Araníbar, abrirá el debate oral y público. En la primera audiencia se leerá el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, que estará representado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Además de Cositorto, estarán sentados en el banquillo de los acusados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Ellos son acusados de actuar como coautores en los mismos delitos que Cositorto, a partir de sus diferentes responsabilidades en la sucursal salteña de Generación Zoe.
Según se estimó en la acusación, el perjuicio económico causado a través de la supuesta estafa piramidal ascendió a 5.682.500 pesos y 574.120 dólares. Es la cantidad de dinero que invirtieron los 118 particulares damnificados que tiene el expediente.
Cositorto, que purga la pena que le impusieron en Corrientes en la Unidad Penal Nº 6 de esa provincia, está ahora bajo arresto en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, donde permanecerá hasta escuchar el veredicto. La fecha tentativa que estimó el tribunal para concluir el juicio es el 27 de junio de este año, según precisaron fuentes judiciales a Infobae.
El caso en Salta
La investigación en esa provincia se inició en 2022, a partir de una serie de denuncias contra Generación Zoe. Tenían una sede en la calle Pellegrini 782 de la capital provincial.
Los investigadores determinaron que el esquema de negocio consistía en la firma de contratos de fideicomiso, que eran las llamadas “membresías educativa o inteligente”, donde los montos de inversión oscilaban entre 500 y 1.000 dólares, con la promesa de retornos de entre 7,5% y el 10% mensual.
Ofrecían tres categorías para las membresías: Classic, Premium e Intelligent. Mientras más capital se invertía, mayor era la supuesta ganancia posterior.
Según determinó la fiscalía, los ahorristas recibían en sus perfiles una ganancia automática de 20% a modo de “bonificación educativa”. Ingresaban -por ejemplo- 1.000 dólares y al día siguiente se convertían en 1.200.
De acuerdo a la investigación, Zoe también incentivaba a los inversores para hacer entrar a nuevos usuarios a través de comisiones, que aumentaban conforme más personas ingresaban al esquema. Además, la firma ofrecía productos adicionales llamados “robots” (navideño, de enero, febrero, entre otros), que requerían una inversión mínima de 1.500 dólares para un retorno del 100%, con una duración de tres meses. Eran similares a las membresías, pero en períodos más cortos.
La mayoría de las inversiones se llevaban a la sucursal en efectivo y las recibían los imputados, mientras que algunas transacciones se realizaban por vía bancaria. Uno de los que recaudaba el dinero -tanto físico como por transferencia- era Jorge Federico Vilardel, siempre según se dictaminó en la acusación elevada a juicio.
Su hermano, Ricardo Gabriel Vilardel, en tanto, operaba como director y representante de Zoe en Salta. “Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Ana Vilardel, por su parte, fue la secretaria de la sucursal. Recepcionaba a los ahorristas y también usó su cuenta bancaria para recibir depósitos.
Por último, Griselda Albornoz, junto con los hermanos Vilardel, era la encargada de “organizar reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas” y también se dedicaba a “difundir la financiera por diferentes medios”.
La elevación a juicio en Córdoba
La investigación contra Cositorto y 25 presuntos cómplices en Córdoba se terminó hace varios meses, pero su elevación a juicio todavía no se concretó y continúa frenada entre los tribunales de alzada.
Las defensas habían recusado a la fiscal de Villa María, Juliana Companys, y presentaron oposiciones por presunta falta de pruebas sobre la acusación hacia algunos imputados.
El 8 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Río Tercero confirmó la decisión del juez de control Arturo Ferreyra -que había ratificado el pedido de la fiscal Companys-, y por ahora no se hizo lugar a ningún planteo para evitar el debate oral y público.
Las defensas todavía tienen tiempo para presentar nuevos recursos. Una vez que concluya el plazo de 15 días hábiles, la causa deberá volver a la Cámara de Villa María para avanzar finalmente con el desarrollo del juicio.
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