Sobreyeron a Silvina Batakis, la ex presidenta del Banco Nación, por la contratación de “Pitty”, la numeróloga

Dos años después de que trascendiera la contratación por parte del Banco Nación de Verónica Asad, conocida como Pitty la numeróloga, para brindar sesiones de coaching en la entidad bancaria, la Justicia resolvió sobreseer a todos los implicados en la causa.

Según la resolución, no se encontró evidencia de delito en ninguno de los hechos investigados, aunque aclaró que “las cuestiones de mérito y oportunidad” no forman parte de su evaluación.

Los beneficiaros del sobreseimiento son la expresidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien asumió ese cargo tras su breve paso por el Ministerio de Economía, y la ex gerenta María del Carmen Barros, quien había sido obligada a renunciar en medio del escándalo. También fueron sobreseídos varios empleados cuyos nombramientos habían sido cuestionados por presuntas relaciones familiares, entre ellos Maximiliano Piantanida, Héctor Javier Silva, Juan Pablo Pedemonte, Juan Manuel Romero, Carlos Rovetto, Karina Angeleti, María Belén Salinas, Martín Haman, María Lucila Padin, Yamila Bustello y Facundo Peña.

La denuncia inicial

El caso que involucró al Banco Nación y a su ex presidenta, se inició en septiembre de 2023 tras una denuncia de la diputada Graciela Ocaña. La misma se centró en tres aspectos principales: la contratación de la coach, Verónica Asad; el incremento salarial otorgado a María del Carmen Barros; y la incorporación de empleados con vínculos familiares dentro de la entidad bancaria.

En lo que respecta a la contratación de “Pitty”, la investigación reveló que el Banco Nación requirió sus servicios mediante dos facturas emitidas en 2023, por un total de 1.715.000 pesos. Según la entidad, el objetivo del contrato era proporcionar “Coaching de Capacitación y Liderazgo Comunicacional para el ámbito de la Alta Gerencia”. Aunque las sesiones se realizaron fuera de las instalaciones del banco, una auditoría interna concluyó que el servicio fue efectivamente prestado y que el monto abonado era acorde a los precios de mercado.

Por lo tanto, la resolución señaló que no correspondía a la Justicia evaluar la pertinencia o los beneficios de este tipo de contrataciones, ya que estas decisiones recaen exclusivamente en la administración del banco.

Otro de los puntos investigados fue el incremento salarial de María del Carmen Barros, quien recibió autorizaciones que elevaron su sueldo mensual a aproximadamente 9 millones de pesos en 2023. Aunque un sumario interno señaló que hubo un “apresuramiento” en la aprobación de estos aumentos, se determinó que no existió daño económico para la institución, ya que Barros devolvió el dinero.

Además, se explicó que el incremento formaba parte de un proceso iniciado en 2021 para equiparar los salarios de los gerentes del Banco Nación con los de otras entidades públicas. La Justicia concluyó que no hubo delito en este caso.

En cuanto a las contrataciones de empleados con vínculos familiares, se concluyó que las mismas se realizaron dentro del marco normativo vigente. La investigación reveló que desde 2011 existe una directiva interna en el Banco Nación que establece como política institucional que al menos el 30% de los nuevos ingresos correspondan a hijos o familiares directos de empleados de la entidad. Este marco normativo fue considerado clave para determinar la legalidad de las contrataciones cuestionadas.

La reacción de la nueva gestión

“La transformación del Banco Nación evitará numerólogas, parientes y sobresueldos”, hicieron saber desde la nueva conducción del Banco Nación, luego del fallo judicial que absolvió a los involucrados en el episodio.

“Cabe destacar que en la actualidad los involucrados María del Carmen Barros y otros no se desempeñan en sus puestos o fueron desvinculados de la institución”, destacaron.

Asimismo, agregaron: “desde enero de 2024 se ha disminuido la nómina en 1567 personas (aproximadamente 10%) y se ha logrado recuperar el tamaño del año 2010″.

En contraste con este último dato, informaron que “a partir de 2010 y especialmente de 2016 la dotación de la entidad creció injustificadamente, a contramano del resto del sistema financiero. Desde 2024 no se producen ingresos, solo con excepción de profesionales especialistas con vasta experiencia”.

Finalmente, pusieron de relieve que “ningún gerente posee un salario que se aparte de la Convención de Trabajo del sector bancario. El sobresueldo de la ex Gerente General era contra el reglamento del Banco, aunque devolvió el dinero. El Presidente y el Directorio del BNA tienen topeados sus ingresos al igual que todos los funcionarios del Gobierno Nacional”.

“En los últimos 20 años esta entidad tuvo diez presidentes y otros tantos directorios, el crédito en Argentina disminuyó a los menores niveles históricos, los hipotecarios desaparecieron. Mientras tanto la opacidad y la falta de rumbo estratégico se agudizaron”, concluye el comunicado difundido tras el fallo.