En el marco del juicio por el secuestro extorsivo seguido de muerte del joven Santiago Aguilera Allende (18), ocurrido en agosto de 2022 en Villa Dolores, Córdoba, la fiscalía solicitó la pena máxima de prisión perpetua para el principal acusado, Walter Ezequiel Gil (24). Paralelamente, pidió una condena de 15 años de cárcel para Julio César Ramírez (33), considerado partícipe secundario.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de Córdoba, presidido por la jueza Cristina Giordano junto a los jueces Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu, los acusadores Carlos Gonella y Gustavo Yofre argumentaron que Gil cometió el delito en carácter de coautor, con la colaboración de otras personas aún no identificadas. También encuadraron el hecho como un secuestro extorsivo triplemente agravado en virtud de las lesiones graves provocadas a la víctima, la participación de más de tres personas y la muerte intencional del joven, a lo que se sumaron el robo de pertenencias personales como el celular, la billetera y el DNI de Aguilera Allende.
Por otro lado, los fiscales evaluaron que la participación de Ramírez fue secundaria, por lo que solicitaron una pena menor de cárcel y plantearon su absolución respecto al ilícito del robo.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el hecho se inició cuando Gil, que trabajaba desde hacía dos meses en el corralón perteneciente a la familia Aguilera, contactó al joven mediante mensajes de WhatsApp ofreciéndole salir juntos a tomar una cerveza. La víctima, aunque inicialmente mostró dudas porque debía asistir temprano al colegio al día siguiente, terminó aceptando luego de que Gil le pidiera mantener en secreto estos mensajes, bajo la excusa de no generarle problemas con su novia. Por este motivo, el joven les dijo a sus padres que iba a juntarse con otro amigo.
Alrededor de las 23.30 del 16 de agosto, Gil pasó a buscar a Aguilera en un Peugeot 405 junto a otras personas de momento no identificadas. Desde allí, fue trasladado a una vivienda en los barrios San Pablo y Piedra Pintada, en Traslasierra, donde quedó en cautiverio. En la madrugada siguiente, desde el celular del secuestrado, Gil envió mensajes extorsivos a la madre del joven exigiendo un rescate por siete millones de pesos. “Cualquier error y lo mato”, redactó en uno de los chats.
A lo largo del secuestro, Aguilera fue sometido a torturas. Durante las audiencias del juicio oral, el perito forense Moisés David Dib confirmó ante el tribunal la existencia de diferente heridas provocadas entre 48 y 72 horas antes de la muerte, y eso dio indicios de un contexto prolongado de violencia física. Entre estas lesiones, detalló perforaciones punzantes en las manos, posiblemente producidas con un destornillador o punzón; un golpe en la frente que causó una fractura en la base del cráneo, y tajos profundos de arma blanca en el tórax. Con estos datos, la parte querellante, representante de la familia en el proceso, remarcó que el crimen “no fue motivo de un impulso homicida instantáneo”, sino que fue resultado de un plan premeditado.
El cadáver de Santiago fue hallado cinco días después, el 21 de agosto, en una zona rural cercana al embalse Boca del Río, vestido con la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición. El hallazgo lo realizó un baqueano que recorría la zona.
Gil, en tanto, reconoció en parte su intervención en el asesinato. Durante las audiencias admitió haber actuado como “entregador”, pero explicó que lo hizo bajo amenazas de terceros, cuya existencia no logró demostrar. Esta versión fue rechazada por los fiscales, quienes señalaron múltiples contradicciones en sus declaraciones y el hecho de que el acusado borró los registros de sus comunicaciones con Aguilera para entorpecer la investigación de las autoridades.
Por su parte, Ramírez negó haber estado implicado en los hechos y decidió no declarar en el desarrollo del debate. “Yo no lo maté”, afirmó al momento de ser detenido durante la instrucción penal.
Según informó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal, Gonella y Yofre pidieron en los alegatos de cierre tener en cuenta la “traición” a la buena fe de la víctima, la planificación previa del delito y el móvil económico del secuestro. También se refirieron a “la intención homicida” de Gil reflejada en el mensaje extorsivo dirigido a la madre de la víctima y la participación de Ramírez en el plan delictivo, en tanto accedió al usuario de Google de Aguilera con el fin de no ser geolocalizado durante su cautiverio.
Los alegatos de las defensas darán pie a la posibilidad de los imputados a emitir sus últimas palabras. Luego el tribunal de juicio estará en condiciones de dictar sentencia.
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