En el marco del proceso institucional que aceleró el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, se conocieron las autoridades porteñas que integrarán la Comisión que creó el Ministerio de Justicia de la Nación para “el estudio y análisis” del traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de un cuerpo constituido bajo la esfera de la cartera del ministro Mariano Cúneo Libarona que tendrá seis meses para estudiar y analizar las implicancias normativas, presupuestarias y financieras de la transferencia de las competencias que hoy ejerce el Poder Judicial de la Nación hacia el ámbito porteño, en línea con el fallo “Ferrari c/Levinas” de diciembre pasado del Máximo Tribunal, que habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en todas las causas nacionales ordinarias.
Dicho órgano se conformó a través de la Resolución 179/2025, publicada el 8 de abril en el Boletín Oficial, donde también Cúneo Libarona firmó la designación de los cuatro integrantes que representarán “ad honorem” a su cartera para debatir el “cómo” del traspaso institucional: Marcelo Ruíz fue nombrado como presidente de la Comisión, mientras que Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete participarán en calidad de vocales.
La normativa contempló a su vez la invitación a las autoridades del Ministerio de Justicia porteño para que nombren a otros cuatro miembros del órgano en su representación. En ese marco, mediante Resolución N° 109/MJGC/25, esa cartera designó al ministro de Justicia de la CABA, Gabino Tapia; a Martín Ocampo, procurador general de la Ciudad; a Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño; y a Natalia Gambaro, subsecretaria de Relaciones Gubernamentales del Ministerio de Justicia.
Desde su efectiva conformación, la Comisión tendrá un plazo de seis meses para formular una propuesta al titular de la cartera nacional de Justicia orientada “al fortalecimiento de la autonomía jurisdiccional” de la Ciudad.
Para eso, podrá celebrar reuniones de trabajo en forma permanente y convocar sesiones de consulta para recabar la opinión de expertos en la materia, como magistrados, consejeros de la magistratura, funcionarios, legisladores, especialistas y otras autoridades en general.
De acuerdo al artículo 5° de la resolución que creó al comité, uno de sus principales objetivos será el de “considerar e identificar los distintos aspectos que involucra la transferencia de competencias jurisdiccionales ordinarias que ejerce el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES al ámbito del Poder Judicial de dicha ciudad, especialmente en cuanto a las implicancias normativas, logísticas, presupuestarias y financieras, las relativas a los derechos del personal, como así también asegurar la continuidad, con eficacia y eficiencia, del funcionamiento de la justicia en ambas jurisdicciones“.
El traspaso judicial comenzó a pensarse con la reforma constitucional de 1994, donde se estableció la autonomía plena de la Ciudad. Desde entonces se produjeron idas y vueltas, con posturas contrarias sobre el tema. El fallo “Levinas”, uno más entre otros vinculados a la materia, aceleró la corriente que impulsa la concreción efectiva y total de las competencias.
Sin embargo, la resolución del Máximo Tribunal generó una marcada rebelión, ya que las Cámaras nacionales le dijeron que no iban a acatar esa sentencia. Además, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) se pronunció en contra de esa decisión por considerar que había motivos “técnicos y jurídicos” que impedían llevarla a cabo.
De hecho, la entidad política y gremial de los magistrados recibió en su sede esta semana al ministro de Justicia Cúneo Libarona y a las autoridades nacionales de la Comisión para solicitarles una “participación activa” dentro del proceso en curso.
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