
Bolivia registró su segunda mejora en la calificación crediticia en el lapso de una semana, en un contexto marcado por la implementación de reformas económicas y un entorno político más favorable, según una publicación de Bloomberg. La agencia S&P Global Ratings elevó la nota del país en dos escalones, de CCC- a CCC+, con perspectiva estable, según un comunicado difundido recientemente.
La decisión se suma a la adoptada días atrás por Moody’s Ratings, que también mejoró la calificación boliviana en respuesta a la intención del Gobierno de Rodrigo Paz de cumplir con la deuda externa en el corto plazo “con los participantes del sector privado utilizando las reservas de dólares disponibles”.
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Con este nuevo ajuste, Bolivia se posiciona en línea con otras economías por debajo del grado de inversión, como Argentina, Ucrania y Sri Lanka.
De acuerdo con S&P, estas mejoras reflejan señales iniciales de estabilidad tras un periodo en el que la caída de las reservas internacionales y los déficits fiscales provocaron una profunda crisis económica y deterioraron la confianza de los inversionistas.
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En ese marco, el Ejecutivo ha impulsado medidas orientadas a fortalecer las finanzas públicas, entre ellas la eliminación de subsidios a los combustibles, la búsqueda de financiamiento externo y la reducción de los costos del servicio de la deuda mediante canjes de bonos.
“La nueva administración (de Rodrigo Paz) ha superado el estancamiento en el Congreso, ha obtenido la aprobación para el endeudamiento externo y avanza en su agenda de reformas”, señalaron analistas de la calificadora como Víctor Santana. “La perspectiva estable equilibra la reducción de los pagos de servicio de deuda a corto plazo con perfiles externos, monetarios y fiscales débiles, lo que limita la capacidad del gobierno para atender su deuda”, añadieron.
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Pese a la mejora en la calificación, las agencias advierten que persisten desafíos estructurales en la economía boliviana, lo que mantiene la nota aún en niveles considerados de alto riesgo.
En los últimos años, la economía boliviana ha atravesado un proceso de deterioro progresivo marcado por la caída sostenida de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el aumento del déficit fiscal y una creciente presión sobre el tipo de cambio.
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Durante más de una década, el país sostuvo un modelo basado en el excedente de las exportaciones de hidrocarburos y otras materias primas, con un gasto público elevado y subsidios generalizados, especialmente a los combustibles. Sin embargo, la disminución de estos ingresos, sumada a un contexto internacional más adverso, expuso desequilibrios estructurales que no fueron corregidos a tiempo.
A este escenario se sumó el incremento del endeudamiento externo e interno para sostener el nivel de gasto, lo que elevó las obligaciones del Estado en un contexto de menor disponibilidad de divisas. Este escenario también provocó el surgimiento de un mercado paralelo de dólares, donde la moneda estadounidense llegó a cotizarse en más de tres veces su valor oficial, y el aumento sostenido de los precios de productos básicos.
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En respuesta, el Gobierno de Paz, que asumió funciones en noviembre pasado, empezó a implementar ajustes orientados a recomponer el equilibrio macroeconómico. Medidas como la reducción de subsidios, la búsqueda de financiamiento externo y la reestructuración de deuda apuntan a aliviar la presión fiscal y recuperar credibilidad ante los mercados.
Sin embargo, algunos economistas coinciden en que la sostenibilidad de estas mejoras dependerá de la capacidad de realizar reformas estructurales, diversificar la economía y restablecer la confianza en el mediano plazo.
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