Lijo ya piensa en el Senado mientras en la Corte Suprema aún debaten si tomarle juramento

Ayer fue un día de idas y vueltas en los despachos de la Corte Suprema. Los cuatro jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y su flamante integrante, Manuel García Mansilla, habían quedado en analizar un caso de 1975 que podía servir de antecedente para decidir si el otro juez designado en la Corte por decreto, Ariel Lijo, podía ser convocado al acto de jura en el elegante salón bermejo del palacio de Tribunales. O no.

Un día antes, el jueves, en la misma reunión en que se decidió convocar a García Mansilla para prestar juramento, quedó en suspenso la jura de Lijo, un paso meramente protocolar, pero que sirve para poner a los nuevos jueces en funciones. Lo que dio origen a esta postergación fue que, durante la reunión, que duró dos horas, apareció un antecedente que dio pie a que el tema quedara a estudio hasta ayer.

Queda claro que en la Corte no se cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla a través de la firma del decreto presidencial 137/2025. Prueba de ello es que al segundo se le tomó juramento la misma semana en que se publicó en el boletín oficial su nombramiento en comisión, sin hacer espacio a ninguno de los planteos que cuestionan esta decisión, adoptada por el presidente Javier Milei tras casi un año de fracasar en el Senado el tratamiento de estas dos postulaciones para completar el alto tribunal.

Posiciones divididas

Hasta ahora, no hay coincidencia acerca de qué decisión tomar. Si no se ponen de acuerdo, sólo la intervención de un conjuez podrá destrabar el tema. Por un lado, está la postura de considerar que la decisión de la Cámara Federal, que le otorgó la licencia a Lijo como juez de primera instancia, debe ser revisada, y por otro lado, la opinión de que esa función fue delegada a la Cámara por la Corte, con lo cual resulta suficiente y no corresponde intervenir.

Por el momento, hay incertidumbre sobre si este conflicto se va a resolver en el próximo plenario de la Corte, el 6 de marzo, si va a quedar demorado por la intervención de un conjuez, o si en el Senado va a haber número suficiente para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla, como quiere un sector de la oposición. En este último caso, toda esta discusión acerca de la licencia podría quedar en la nada.

Por otra parte, todo indica que Lijo no estará presente hoy en el acto de inauguración de las sesiones legislativas, como se había especulado.

Crónica de un juramento que no fue

A las diez de la mañana del jueves, cuando comenzó el plenario, los cuatro jueces de la Corte se reunieron para tratar este tema y otras causas. Uno de los secretarios del tribunal, según fuentes de la Corte, llevó a la reunión un caso que podía ser considerado como antecedente para analizar la situación particular de Lijo, quien no piensa renunciar a su cargo de juez y por eso pidió licencia. Ante la posibilidad de que no sea avalado por el Senado, no quiere arriesgarse a perder su lugar frente al juzgado federal 4.

La designación por decreto no recibió cuestionamientos de la Corte. Está basada en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Respecto de la licencia, Lorenzetti considera que debe ser aceptada porque tiene fundamento en la cesión que la misma Corte ha hecho a la Cámara Federal de las facultades de superintendencia, que tiene que ver con la organización de las cuestiones internas de funcionamiento y del personal. En este sentido, entiende que no corresponde revisar esa decisión de la Cámara y que el acto de juramento, meramente protocolar, debe llevarse adelante.

El caso que se consideró el jueves en el plenario es una vieja sentencia de la Corte del 2 de octubre de 1975. Surgió a partir de un planteo del juez René Daffis Niklison, quien había sido designado en comisión en la justicia federal, y asumió luego de renunciar a su cargo en un juzgado penal de instrucción. Cuando venció el plazo de su mandato, pidió que la Justicia considerara que se trató de un traslado y no de una renuncia. Y en ese caso, la Corte señaló que la designación en comisión no es igual a un traslado, por lo que su planteo fue rechazado.

Por su parte, García Mansilla se hizo presente ayer en sus nuevas oficinas, el despacho que ocupó durante 22 años Juan Carlos Maqueda, quien se retiró a finales del año pasado. Su postura aún no está definida.

A menos que avance en el Senado el tratamiento del pliego de los dos nuevos jueces de la Corte, el tribunal seguirá en el centro de una tensión institucional, surgida no solo por el desacuerdo respecto a la situación de Lijo, sino también por los distintos cuestionamientos que ya comienzan a sumarse en el ámbito tanto político como judicial por el ingreso de los jueces por decreto.

No es un tema menor para la Corte, que a fines de marzo o principios de abril recibirá un caso aún de mayor amperaje político e institucional: la causa Vialidad, en la que está condenada la ex presidenta Cristina Kirchner y otros acusados, en un fallo firmado por un tribunal oral que luego fue confirmado por la Cámara de Casación Penal.