El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, presentó un recurso de inaplicabilidad de ley para anular la sentencia que declaró inconstitucionales ciertos artículos de la Ley 24.660, permitiendo la libertad condicional de condenados por delitos graves, entre ellos el narcotráfico. La decisión, tomada durante la feria judicial por una sala especial de la Cámara, generó una fuerte reacción en el ámbito judicial y político. Ante esto, Pleé solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida al respecto.
El fallo en cuestión fue emitido el 28 de enero de 2025 por la Sala de Feria de la Cámara de Casación, con los votos favorables de los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani. La resolución anuló una sentencia previa y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, ambos incorporados por la Ley 27.375. Estas normas establecían restricciones para la libertad condicional en delitos considerados de alta gravedad, como homicidios agravados, secuestro seguido de muerte, trata de personas y narcotráfico.
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La decisión de la Sala de Feria benefició a Carlos Hernán Beati, condenado a seis años de prisión por integrar una banda que vendía drogas en el municipio de Moreno bajo la fachada de una remisería. Beati había solicitado su libertad condicional, pero el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín rechazó el pedido, argumentando que la reforma de la Ley 27.375 impedía ese beneficio para su tipo de condena. Sin embargo, la Cámara de Casación hizo lugar a su apelación y ordenó dictar un nuevo fallo, lo que abrió la puerta para que otros condenados en situaciones similares accedieran a la libertad condicional.
Ante esta situación, el fiscal Raúl Pleé presentó un recurso solicitando la anulación del fallo y la convocatoria a un plenario de la Cámara de Casación para unificar la jurisprudencia. En su escrito, el fiscal sostuvo que la reforma introducida por la Ley 27.375 no vulnera principios constitucionales, ya que establece un régimen de progresividad específico para delitos de alta gravedad. Además, argumentó que la diferenciación en el tratamiento de los condenados por narcotráfico y otros delitos graves es razonable y justificada por la magnitud del daño que estos ilícitos generan en la sociedad.
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Pleé también advirtió sobre la necesidad de mantener una interpretación homogénea dentro de la Cámara de Casación, ya que la decisión de la Sala de Feria contradice la postura sostenida anteriormente por otras salas del mismo tribunal. En su dictamen, subrayó que la jurisprudencia de la Cámara ha sido consistente en ratificar la constitucionalidad de las restricciones a la libertad condicional en casos de delitos graves.
El fallo que flexibilizó la aplicación de la Ley 24.660 provocó una rápida reacción del Gobierno nacional, que actualmente impulsa un endurecimiento de la ejecución de las penas en delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha manifestado en diversas oportunidades su postura a favor de una política criminal más restrictiva y el fortalecimiento de las sanciones contra el narcotráfico.
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El pedido de Pleé para que la Cámara de Casación se pronuncie en pleno busca evitar que se genere una jurisprudencia contradictoria dentro del tribunal, lo que podría dar lugar a futuros pedidos de libertad condicional por parte de otros condenados en condiciones similares. Según el fiscal, este tipo de decisiones afectan la seguridad jurídica y pueden tener graves consecuencias en la lucha contra el narcotráfico.
Dado el impacto del caso y la controversia generada, el fiscal Pleé también solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas. De aceptar el planteo, el máximo tribunal del país deberá definir si mantiene la interpretación de la Cámara de Casación o si revierte la decisión, ratificando las restricciones impuestas por la Ley 27.375.
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