Rechazaron un pedido de Alberto Fernández para suspender su indagatoria de mañana por violencia de género

El juez federal Julián Ercolini rechazó hoy un pedido del ex presidente de la Nación Alberto Fernández para suspender su declaración indagatoria de mañana en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. La defensa del ex jefe de Estado reclamó que le devuelvan el celular que le secuestraron al inicio de la causa para poder así garantizar su derecho de defensa, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La presentación fue hecha por la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, ante el juez Ercolini, quien horas después lo rechazó y confirmó así la indagatoria de mañana a las 11 horas. Pero la defensa del ex presidente puede insistir con la suspensión si apela la decisión para que intervenga la Cámara Federal.

La indagatoria del ex presidente ya se había postergado dos veces. Primero fue citado para el 11 de diciembre y después para el 19. Pero fueron suspendidas por la recusación que Fernández presentó contra el juez. El planteo fue rechazado a fin de año y el 27 de diciembre el juez Ercolini fijó para indagatoria para mañana, tras el regreso de la actividad judicial.

Pero Fernández volvió a pedir su suspensión. Esta vez planteó que necesitaba contar con su teléfono celular para poder ejercer su derecho de defensa porque si no lo tenía limitado. El móvil del ex presidente fue secuestrado en agosto del año pasado cuando se inició la causa judicial. Fue cuando el juez allanó su departamento luego de que Yáñez denunció que Fernández se había contactado con ella cuando tenía una prohibición expresa para hacerlo.

Luego fue la propia querella de Yáñez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, quien informó que la última vez que Fernández la llamó todavía no regía la prohibición. El teléfono, junto a otros dispositivos que fueron allanados como pendrives y un iPad, nunca fueron peritados.

El juez Ercolino formó una causa para resolver si le devuelve los dispositivos a Fernández pero al mismo tiempo rechazó suspender la indagatoria. En su resolución a la que accedió este medio, el magistrado señaló que el ex presidente y su defensa “conocen el hecho y la prueba que abarcan la imputación que le será formalizada en el acto que pretende suspender” desde noviembre pasado cuando había sido citado para diciembre.

“Que la necesidad de contar con los dispositivos electrónicos aquí secuestrados para poder elaborar su defensa la introdujo recién el pasado 24 de enero, por lo que no se evidencia que de celebrarse la audiencia en la fecha fijada desde el 27 de diciembre del 2024, se vulneren las garantías constitucionales que refiere, máxime teniendo en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer llamado de indagatoria al día en que se ha fijado su materialización”, agregó Ercolini

La acusación

“En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez”, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, sostuvo el juez Ercolini en la citación a indagatoria.

“Tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021), en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada, mientras convivieron en la Quinta de Olivos”, agregó.

El juez detalló dos episodios de violencia física que dejaron como secuelas moretones en su brazo y ojo derecho. Se trata de las marcas que se hicieron públicas con las fotos y videos que la querella de Yañez aportó a la causa judicial. Los hechos son de julio y agosto de 2021 cuando se conoció la foto del festejo de cumpleaños de Yañez un año antes en plena pandemia y cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

“Asimismo, hasta el final del mandato presidencial del imputado, se habría hecho recurrente la violencia psicológica y física, fundamentada principalmente en la modalidad del golpe a mano abierta, incluso luego de la mudanza de la denunciante del chalet principal a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos durante el año 2023, hasta que se mudó a la ciudad de Madrid, del Reino de España, destino que fuera elegido por Fernández para que ella residiera junto con el hijo menor de ambos”, agregó el magistrado en la descripción de la acusación que deberá afrontar el ex presidente.

La imputación señala que Fernández coaccionó a Yañez para que no presente la denuncia penal: “Alberto Fernández en forma directa y a través de terceras personas, le habría requerido en forma insistente y agresiva que no hiciera la denuncia y la habría instado a publicar un comunicado conjunto, con la promesa de que en el futuro no les iba a faltar nada ni a ella ni a su hijo, para luego referirle que de declarar la iba a “arruinar y a hacer cualquier cosa en su contra”.