La política de desregulación que impulsa el Gobierno puede contribuir al combate del lavado de activos

“La política del presidente Milei es una política de desregulación y nosotros concordamos que la desregulación en un segmento del sistema antilavado puede ser una causal que permita mejorar su efectividad”, afirmó en diálogo con Infobae el abogado Juan Félix Marteau, especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y presidente de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT).

El tema es de crucial importancia sobre todo teniendo en cuenta que en el mes de octubre pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el informe de Evaluación Mutua de la República Argentina de su sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En consecuencia Argentina no estará en la lista gris del organismo antilavado. Este medio entrevistó a Marteau quien realizó un análisis del resultado de la evaluación del GAFI y además compartió su propuesta acerca de la forma en que algunas medidas de desregulación pueden contribuir a mejorar la eficacia del sistema antilavado de la Argentina.

- Dr. Marteau, ¿qué balance hace tras la inspección del GAFI y cómo funciona la inteligencia financiera en nuestro sistema antilavado?

- En primer lugar, muchas gracias a Infobae por apoyar estos temas y creo que como vos decís, es un buen momento para hacer un balance. Concretamente lo que nos ha dicho GAFI es que la Argentina tiene una política que es ineficaz. Que está al borde de producir un colapso en el sistema y que eso tiene que ser reorganizado y tiene que ser reconsiderado. Eso es una perspectiva de GAFI, no es la única. Nosotros podemos decir que la política antilavado en la Argentina ha sido un decurso de fracasos constantes con relación al único resultado importante que debe perseguir una política de combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo que es debilitar los patrimonios y las finanzas de las organizaciones criminales o de los agrupamientos terroristas, no hay otra finalidad.

- Los sujetos obligados producen unos 55.000 Reportes de Operaciones Sospechosas, ¿en qué terminan esos informes? ¿Cuántos decomisos generan?

- El equipo de la Fundación me ha dado el resumen las conclusiones que son inobjetables desde el punto de vista objetivo, acá no hay consideraciones ideológicas. Si nosotros tomamos un período que es el que analizó GAFI, 2019-2023 -5 años- y hacemos un promedio, lo que nosotros podemos concluir es lo siguiente: en primer lugar que vos tenés es un universo de 91.000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF que vienen esencialmente del sector privado, que son entidades o son sujetos particulares. Las más importante y la que ocupa una magnitud significativa en este universo son las entidades financieras.

La justicia penal en estos cinco años, promedio, ha producido 17 condenas anuales por lavado de activos y ha decomisado 104 millones de pesos de bienes supuestamente ilícitos. Ni siquiera vamos a hacer la conversión en dólares porque la cifra sería bastante bastante pobre.

- ¿Qué costo tiene este sistema para los sujetos obligados privados?

- El costo es altísimo. Cuando les preguntás que preguntarle a los bancos en general, sean chicos, medianos o grandes, el costo que les insume la política de compliance en su negocio constatás que el mismo es sustancial. Aparte con este nivel de excesiva regulación no hay staff que alcance. Un banco medio tiene entre 35 y 45 analistas trabajando en producir alertas y producir reportes de operaciones sospechosas, un banco más grande llega casi a duplicar esta esta cifra.

Lo peor de todo es que aparecen las billeteras digitales que tienen como fin la inclusión financiera y que teóricamente deberían funcionar de un modo mucho más ágil con un cliente que tiene un estatus totalmente distinto a la hora de recibir debida diligencia por parte de los gerente de este instrumento y sin embargo ya está preso del mismo sistema.

- ¿Cuáles son los obstáculos para la eficacia del sistema antilavado?

- Primero la concepción. Si hay un problema de concepción o de matriz de la política antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo porque la concebimos en función de lo que nos dice el discurso global de GAFI o de Naciones Unidas, que es un discurso que te da un marco pero que si vos no lo interpretás a partir de tus intereses nacionales se torna un discurso vacío, ineficaz, improductivo desde mi punto de vista. Entonces acá tenemos un problema de concepción porque nosotros aplicamos un sistema que funciona en las economías formalizadas y acá tenemos el 50 por ciento de la economía en negro, o sea, salimos a cazar a todos los que estamos formalizados.

- ¿Qué rol deberían tener las provincias en el combate al lavado de activos?

- Hemos estado recorriendo algunas provincias argentinas y nosotros pensamos que no tienen una respuesta concreta de este sistema. Intentan replicar al interior de las provincias un sistema que yo les advierto es completamente ineficaz. Un sistema de reportes. Ya sabemos la cantidad de personas que reportan, eso va a la UIF que produce magros resultados e inteligencia financiera y la Justicia penal cuando llegó ya los delincuentes están más grandes, más gordos, más ricos y más felices.

- ¿Qué se puede esperar del Gobierno en esta materia?

- Celebro mucho que el Presidente Milei haya puesto en cuestión este cúmulo de discursos y prácticas que vienen del globalismo y que haya señalado que eso no nos conviene, eso no es el camino.

Eso yo lo considero muy positivo porque el globalismo te corre por derecha y por izquierda entonces a mí me parece que la única posibilidad de que la Argentina prospere en este campo y en todos es cuidar sus intereses nacionales, así que es muy positivo.

Ahora vos me decís la política del presidente Milei es una política de desregulación, bueno nosotros hemos estudiado este tema y concordamos que la desregulación en un segmento del sistema puede ser una causal que permita mejorar la efectividad del sistema.

- Este proceso de desregulación que encara el gobierno, ¿le da más libertad a los sujetos obligados para que el sistema sea más eficiente?

- Exacto porque no hay que inventar la pólvora. Yo fui funcionario y representante argentino ante GAFI y conozco muy bien qué está pidiendo y es, precisamente, aplicar una política basada en riesgo. Si vos le decís a alguien que controle en función de su propio riesgo le estás diciendo “vos tenés que evaluar qué es lo que realmente te amenaza y tenés que actuar en consecuencia.”

Ahora paradójicamente si vos a la evaluación y a tu acción basada en el riesgo le ponés una cantidad de elementos normativos, de requisitos, de obligaciones, tu evaluación de riesgos es de cumplimiento normativo, entonces siempre terminamos prisioneros de esto.

Si yo veo que las bandas criminales, que comercian cocaína utilizan casas de cambio que están en determinados lugares, que compran determinados bienes inmuebles en tal lugar o en tal barrio, entonces orientemos el análisis de la política antilavado a estas consignas que nos da la realidad ¿para qué le vamos a pedir a todos los clientes del sistema financiero lo mismo si tenemos indicadores ya concretos, de dónde están las amenazas? A mí me parece que este es el camino.