Para Kueider, su destitución es un “escándalo jurídico” y advirtió que el Gobierno podría haber cometido un delito

Edgardo Kuider calificó su destitución como senador nacional como “un escándalo jurídico” en el que se violó su derecho de defensa y planteó que por la sesión de ayer de la cámara alta tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, podrían haber cometido un delito.

Así lo expuso la defensa de Kueider -a cargo del abogado Maximiliano Ruiz- en el amparo que presentó hoy en la justicia en lo contencioso administrativo federal en el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicta una cautelar que lo reponga como senador nacional.

El amparo planteó que la sesión es inconstitucional porque la presidió Villarruel cuando debía estar ejerciendo el cargo de Presidenta de la Nación porque Milei había viajado entre las 12 y las 14 a Italia. “De modo que, a partir de que el Sr. Presidente abandonó el país, la Sra. Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, pasó a ejercer el cargo de Presidente a cargo, con lo cual NO pudo y NO debió como representante del Poder Ejecutivo en ejercicio, presidir la Sesión que se impugna”, sostuvo en el escrito de 30 páginas al que accedió Infobae.

Villarruel presidió la sesión de ayer y estaba al frente del Senado cuando cerca de las 16 se votó la destitución por inhabilidad moral de Kueider, quien está bajo prisión domiciliaria en Paraguay luego de que fuera detenido con 211 mil dólares que quiso ingresar al país sin declarar.

La defensa del senador agregó que el gobierno podría alegar que el traspaso se hizo con el actor del escribano general del gobierno que labró a las 19 horas. Pero señaló que es “inaudito” que el país haya estado sinjefe de Estadoo esas horas. Y en ese punto señaló que Milei y Villarruel podrían haber cometido un delito: “Circunstancia que, en todo caso, coloca en incumplimiento de los deberes de funcionario público tanto al Sr. Presidente, como a la Sra. Vice presidenta, con lo cual, en caso que el Estado articule esa defensa, solicito a S.S. (NdA: el juez de la causa) que, ante la constatación fehaciente de ese incumplimiento, realice la denuncia respectiva”.

“Sea cual sea el contexto que el Gobierno pretenda darle, el Poder Ejecutivo se encuentra vedado de presidir una sesión del Congreso, y menos aún una sesión especial en la que se trata la expulsión de un miembro de ese órgano. Lo obrado es como si el Sr. Presidente Milei hubiera venido, se hubiera sentado en el sillón del presidente del Senado, y hubiera sesionado, constatado el quorum, puesto en votación una propuesta, contabilizado los votos, y proclamado una aprobación. Nada más ridículo e inimaginable que Milei expulsando a un senador nacional de su banca”, agregó el amparo.

El senador destituido planteó que no “cuestiona la facultad del órgano de tomar medidas disciplinarias sobre sus integrantes” pero sí que se haya hecho sin darle “el ejercicio ilegítimo del mismo, violando previsiones, derechos y principios constitucionales, generando un escándalo jurídico, y un supuesto de gravedad institucional al versar sobre una función esencial del Estado”.

Kueider también objetó que haya sido destituido sin que el Senado tenga información oficial sobre la causa, como plantearon algunos senadores ayer. “Extrañamente, se dispuso una remoción de un senador nacional, sin un solo elemento de prueba institucional. No hay en el expediente que fue motivo de votación un solo documento oficial, con signos de autenticidad, ni mucho menos librado por la República de Paraguay ni apostillado conforme imponer el derecho internacional. Ergo, se removió a un senador con dos fotocopias que nadie autenticó”, señaló.

El abogado Ruiz pidió una medida cautelar que suspenda los efectos de la sesión de ayer y que Kueider sea restituido como senador, además de la inconstitucionalidad de la decisión. Para eso también planteó que se habiliten días y horas hábiles, lo que significa que la causa está activa los fines de semana. El expediente quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico.