Bailaque, el juez de Rosario denunciado por vínculos narcos, cada vez más complicado en el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura avanza en la investigación por mal desempeño contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acusado formalmente por la Fiscalía Federal de Rosario de tener vinculación con el narcotráfico, de corrupción y de haberle otorgado beneficios a un financista. Ya son cuatro las denuncias en su contra y tiene dos semanas para responder la invitación que se le formuló de hacer un descargo voluntario frente a las nuevas acusaciones.

En las últimas horas, en la Comisión de Disciplina y Acusación se le rechazó el pedido a su defensa para extender el plazo de respuesta en términos del artículo 11 en las dos últimas denuncias que ingresaron en su contra. Se trata de una oportunidad para designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho. El Consejo le fijó la fecha límite del 27 de diciembre próximo.

“Nosotros aquí, considerando que está todo el material, la totalidad del expediente y con plazos suficientes, estaremos postulando el rechazo de planteo efectuado por el magistrado de suspensión de los plazos por precisión de los hechos. A lo que debo agregar que esto hace a la naturaleza del artículo 11, que le permite al juez presentarse o no, hacer planteos de cualquier índole, hacer referencias en este escrito y que recién en esta instancia del artículo 20 del reglamento es donde se van a formular -si se formulan-, se van a explicar los hechos, se va a referir la prueba y esto se va a comunicar con 10 días al magistrado para que en esa audiencia pueda hacer el descargo pertinente”, sostuvo el abogado Miguel Piedecasas en la comisión.

El planteo fue apoyado por la comisión, con excepción de la diputada Fernanda Reyes, que está excusada en dos de los expedientes.

De acuerdo al relevamiento y material que analizan los consejeros, son cuatro las denuncias por mal desempeño que se acumularon en su contra. Aquí un detalle al que accedió Infobae:

Expediente Nº 97/2022: los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa y Matías Edery, formularon denuncia contra Bailaque, titular del Juzgado Federal de Rosario N°4, debido a que se habría negado a proveer medidas de prueba claves en investigaciones judiciales en las que se investigaban delitos de narcotráfico, lo que derivó en el fracaso de la investigación. Particularmente, le endilgaron que en 2013 el magistrado decidió no avanzar con una investigación contra el narco Esteban Alvarado, rival de “Los Monos”, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre los años 2013 y 2015.

En ese expediente, en el marco del artículo 11, Bailaque descargó la responsabilidad en la fiscalía, al señalar que desde que asumió su cargo tomó como criterio que todas las investigaciones sean dirigidas por el Ministerio Público, como si ya funcionara el sistema acusatorio -que hoy sí, desde marzo, está vigente en Santa Fe-. Hizo hincapié en las medidas que dictó en el caso y afirmó que las pruebas que se rechazaron no fueron descartadas por un capricho, sino en su carácter de Juez que “vela por las garantías”. Entre esas pruebas estaban las intervenciones telefónicas. Destacó que ante los rechazos de pedidos de medidas que requerían su intervención, no hubo protesta judicial alguna. Y afirmó que en agosto del 2020 se mandó la causa a juicio y Alvarado fue condenado a 15 años de prisión.

Expediente acumulado 129/2024: la diputada provincial de Santa Fe por el socialismo Lionella Cattalini denunció al juez por haber obstaculizado la investigación penal contra Alvarado. Pero, puntualmente, su acusación buscó poner en foco que mientras en esa causa Gabriel Mizzau llevaba la contabilidad de las empresas ligadas a Alvarado, también actuaba como contador personal del magistrado. Y, además, Sebastian Mizzau, hijo del contador, comenzó a trabajar en 2017 en el Juzgado a cargo de Bailaque hasta abril de 2024, cuando fue ascendido al Tribual Oral Federal 3.

Como prueba, la legisladora adjuntó la denuncia penal formulada contra Bailaque por estos hechos. La investigación se encuentra en pleno trámite.

Expediente 185/2024: el fiscal federal general de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, apuntó contra Bailaque en la tramitación de la causa “Nuevo antepuerto SA s/ infracción ley 24.769″. El 14 de mayo de 2013, el Juzgado Federal 3 de Córdoba se había declarado incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Rosario.

Bailaque no hizo ningún movimiento en el expediente durante ocho años y siete meses. Sin tomar medida alguna y habiendo transcurrido el plazo de prescripción, el 11 de marzo de 2022 el juez apuntado rechazó la competencia y devolvió las actuaciones a la jurisdicción cordobesa. Al fiscal Hairbedián, la situación le generó sospechas: la causa mencionaba que el esposo de la jueza Silvia Aramberry -Juzgado Federal 2 de Rosario- era despachante de aduana y participaba en la sociedad Nuevo Antepuerto SA, utilizada para operar cereales evadiendo impuestos, que estaba bajo la lupa.

Expediente N° 186/2024: se inició a instancias de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, tras la requisa en los despachos del juez Bailaque y del secretario del juzgado, Gustavo Darío Guazzaroni, a raíz de la causa penal en la que el juez quedó formalmente imputado. La acusación penal está a cargo de los fiscales de la Procuración de Lavado (Diego Velasco), de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuración de Investigaciones Administrativas. Acusaron formalmente al juez de distintos delitos penales.

Ahí aparecen las presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano –con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau–, presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo, y haber realizado una serie de medidas cuanto menos desprolijas en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión y fue allanado en un rápido trámite del magistrado, que tiempo después le dictó falta de mérito.