La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) deberá tomar dos decisiones con respecto a la detención del exgobernador Sergio Urribarri. Cabe destacar que esta medida no corresponde al cumplimiento de la pena que se le impuso al ser hallado culpable de peculado y negociaciones incompatibles. Es una acción cautelar que la Cámara de Casación entendió oportuna para enfrentar el peligro de fuga.
La primera intervención de la Sala Penal será cuando revise el habeas corpus. El procedimiento fue rechazado el miércoles por la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo. La ley manda que esta decisión debe ser revisada de inmediato por una instancia superior. Hubo tres sorteos para definir qué juez del Tribunal de Juicio debía actuar. Pero sucesivas excusaciones y rechazos llevaron a que el expediente termine en el STJ.
La Sala Penal está integrada por tres vocales. Se trata de Daniel Carubia; Claudia Mizawak y Miguel Giorgio. Si alguno se excusa o es recusado (Carubia tiene relación de parentesco con un ex fiscal de la causa y Mizawak fue abogada de Urribarri años atrás, por caso), deberían ser reemplazados por alguno de los otros seis vocales del STJ. Si aun así no se puede completar, se apelará a la lista de conjueces aprobada por el Senado.
En los pasillos de Tribunales recuerdan una situación similar a la actual. Fue en 2018. En el marco de la investigación por contratos truchos en la Legislatura, se había ordenado la prisión preventiva de Juan Pablo Aguilera. Se trata del cuñado de Urribarri, también detenido ahora.
La defensa de Aguilera presentó un habeas corpus. El juez de primera instancia Mauricio Mayer lo rechazó. Pero la Sala Penal (con votos de Carubia y Mizawak) lo concedió y ordenó al magistrado que Aguilera no sea ubicado junto a los condenados, sino en otro lugar, atento a su calidad de procesado. Mayer resolvió otorgarle domiciliaria con tobillera electrónica.
La segunda intervención del STJ sobre la detención de Urribarri será cuando le llegue la revisión del fallo que ordenó su prisión preventiva. La defensa del ex mandatario presentó el jueves por la tarde ante Casación el recurso extraordinario. Si el tribunal que impuso la sanción lo concede, la Salta Penal deberá tratarla. Pero, si decide negar esta vía, los abogados de Urribarri podrán interponer un recurso de queja con el mismo fin.
“Tranquilo y confiado”
Los letrados que patrocinan a Urribarri muestran optimismo cuando se los consulta sobre el final de este episodio. Es uno más de las acciones que han llevado adelante en los últimos meses y que posibilitaron que el fallo en el que se lo condenó llegue a la Corte Suprema para su revisión.
En el equipo de Urribarri están Fernando Burlando; Javier Baños y el entrerriano Leopoldo Cappa.
La evaluación que hicieron del fallo de Casación que llevó a su defendido tras las rejas es que es “ridículo”. Marcan que los riesgos procesales de una prisión preventiva son dos: entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. El primero es “imposible”, señalan, ya que la pesquisa está cerrada y hay sentencia en primera y segunda instancia. Urribarri libre ya no puede alterar pruebas, subrayan.
En cuanto al peligro de fuga, destacan que el ex gobernador estuvo siempre a derecho. Incluso tras escuchar la sentencia por vía remota, viajó desde Tel Aviv, donde cumplía funciones de Embajador, y se puso a disposición de la Justicia, subrayan. Lo mismo ocurrió durante todo el proceso que lleva 9 años. Asimismo, consignan que la expectativa de que la Corte revise la condena atenúa este posible riesgo.
Urribarri fue detenido el martes al mediodía. Estaba en su casa de Concordia. Fue trasladado de inmediato a la Unidad Penal 1 de Paraná. Recorrió los 280 km entre una ciudad y otra en un vehículo con fuerte custodia policial. La caravana ingresó a la sede carcelaria bajo una garúa intensa poco después de las 17. Las puertas se cerraron de inmediato. No hay imágenes del exmandatario detenido.
“Él está bien. Es un tipo fuerte. Sabe que esta es una acción más de escarnio público y ensañamiento de un sector minúsculo del Poder Judicial. Pero sigue tranquilo y confiado con el accionar de la Justicia. Respetará, como siempre ha hecho, todas las decisiones de los magistrados”, dijo a Infobae un allegado directo de Urribarri que está en contacto diario con él.
La detención del exgobernador no tuvo el impacto esperado en la política provincial. El Gobierno de Rogelio Frigerio lo mira de lejos, con cautela. En el peronismo hubo reacciones tibias. Solo un puñado de dirigentes de segunda línea cuestionó la detención. El Partido Justicialista emitió un comunicado, sin firmas, 32 horas después del arresto. Ninguna de las principales figuras del PJ Entre Ríos se hizo eco. El silencio más llamativo es el de Gustavo Bordet. El actual diputado provincial llegó por primera vez a la Gobernación como delfín de Urribarri. Luego, fueron distanciándose.
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