Honduras identifica a 51 menores víctimas de trata, mendicidad forzada y trabajo infantil en 2026

La utilización de menores para obtener beneficios económicos, las redes de trata de personas y la incorporación de niños y adolescentes a actividades laborales figuran entre las situaciones que mantienen en alerta a las autoridades hondureñas.

Los datos de los primeros diez meses de 2026 muestran que 18 menores recibieron atención por casos de trata de personas, 16 por mendicidad forzada y 17 por trabajo infantil. Además, cinco niñas, niños y adolescentes fueron atendidos tras ser encontrados en situación de calle.

Estas situaciones representan distintas formas de vulnerabilidad que pueden exponer a la niñez a violencia, explotación económica, abuso y otras condiciones que afectan su desarrollo y seguridad.

La información también refleja que la problemática no se limita a una sola modalidad. Mientras algunos menores son identificados en contextos de mendicidad obligada, otros aparecen vinculados con actividades laborales o situaciones relacionadas con redes de explotación.

De los casos registrados, 18 corresponden a menores identificados como víctimas de trata de personas, una de las formas de explotación que puede involucrar captación, traslado, sometimiento y utilización de personas con fines de beneficio económico o de otra naturaleza.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, estas situaciones adquieren especial gravedad por las condiciones de dependencia y vulnerabilidad propias de la edad, que pueden facilitar su manipulación y dificultar que busquen ayuda o denuncien los hechos.

La presencia de menores en calles y avenidas también puede exponerlos a otros riesgos, entre ellos accidentes, violencia, abuso y contacto con personas o entornos que pueden aprovecharse de su situación.

A estos registros se agregan 17 casos de trabajo infantil. Aunque no todas las actividades laborales realizadas por menores tienen las mismas características, aquellas que interfieren con la educación, perjudican su salud o los exponen a condiciones peligrosas constituyen una vulneración de sus derechos.

La situación de calle representa otra condición de riesgo. Durante el período informado, cinco menores recibieron atención por encontrarse en esa circunstancia, aunque no se detallaron sus edades, las causas que los llevaron a permanecer en espacios públicos ni las condiciones familiares en las que se encontraban.

Más de 200 operativos

Entre enero y octubre de 2026 se realizaron más de 200 operativos en diferentes regiones de Honduras para identificar a menores expuestos a explotación, mendicidad, trabajo infantil, trata de personas y posibles situaciones de reclutamiento forzado.

Las intervenciones se desarrollaron en calles, avenidas y centros nocturnos, espacios donde las autoridades pueden encontrar a niñas, niños y adolescentes en circunstancias que requieren protección.

En Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso se contabilizaron más de 100 operativos. La zona norte registró 57 intervenciones, mientras que en el litoral atlántico se realizaron 38 y en el occidente otras 15. También se reportaron acciones en las regiones centro y sur.

Los operativos fueron desarrollados por equipos de la SENAF en coordinación con la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público. Entre sus objetivos se encuentra identificar a menores que puedan estar siendo utilizados para actividades económicas, expuestos a redes de explotación o involucrados en dinámicas delictivas.

Uno de los aspectos relevantes de estas intervenciones es que permiten detectar situaciones que no necesariamente llegan a las autoridades mediante una denuncia formal. La presencia de menores en espacios públicos puede revelar circunstancias de explotación que permanecen ocultas o que las propias víctimas no han comunicado.

Honduras busca ampliar intervención institucional

La preocupación por las distintas formas de vulneración de derechos también llegó al Consejo Nacional del Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), donde se acordó ampliar la coordinación entre instituciones para atender este tipo de situaciones.

Entre las entidades que se incorporarán al acompañamiento de los operativos figuran el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).

La participación de estas instituciones busca complementar las intervenciones que ya desarrollan las autoridades de niñez, seguridad y justicia, especialmente cuando los casos requieren identificación de los menores, seguimiento y atención dentro de sus respectivas competencias.

En situaciones de trata de personas y mendicidad forzada resulta fundamental identificar a quienes podrían estar detrás de la utilización de los menores, así como determinar si existen redes o estructuras que obtienen beneficios mediante su explotación.

En los casos de trabajo infantil, las autoridades deben establecer las condiciones en las que se desarrollan las actividades y determinar si existen riesgos para la salud, la educación y la integridad de los menores.

El desafío para las autoridades no se limita a identificar a las víctimas, sino también a garantizar su protección, investigar a quienes puedan estar detrás de estas prácticas y evitar que niñas, niños y adolescentes vuelvan a quedar expuestos a situaciones que comprometan sus derechos.