Alberto Fernández pidió apartar al fiscal que investiga la denuncia de Fabiola Yañez

El ex presidente Alberto Fernández reclamó apartar al fiscal federal Ramiro González, que tiene en sus manos la investigación penal por la denuncia que impulsó su ex mujer Fabiola Yañez por violencia de género. La abogada Silvina Carreira, que defiende al ex jefe de Estado, sostuvo que existen “razones legítimas” para sostener que el representante del Ministerio Público incumplió deberes de “objetividad” que ponen en riesgo la “imparcialidad” en el proceso. Según la presentación a la que accedió Infobae, la defensa sostuvo que “se ha violentado flagrantemente el principio de igualdad de armas en variadas oportunidades” y que los movimientos del expediente “redundan en la absoluta pérdida de confianza en quien representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso”. Todo ello, añadió, “violenta las legítimas expectativas” de la defensa de “poder ejercer sus derechos y garantías”.

La abogada de Alberto Fernández subrayó que “en un sistema netamente acusatorio, como el que planteó el Juzgador al momento de delegar la Instrucción, la objetividad del fiscal reviste además suma trascendencia institucional” y en este caso “el fiscal ha quebrantado ese deber desde múltiples aristas”.

A lo largo del escrito, se enumeran una serie de situaciones como que a la defensora se le negó estar presente en la declaración testimonial prestada por la denunciante, y luego fue “obligada a pasar horas con un bolígrafo para transcribir la declaración de la denunciante durante varios días con la insólita excusa de que se podría ‘filtrar’ a los medios, siendo esta actividad atribuible en todo los casos a la querella y el propio personal de la fiscalía”.

También destacó que “el más insólito hecho” fue suspender las audiencias ya fijadas a propuesta de esta parte la defensa “en virtud de una también insólita y malintencionada presentación de la querella denunciando inexistentes maniobras espurias -cuestionando el contacto previo de esta defensora con los testigos propuestos-, cuando fue el propio Dr. González quien estuvo reunido con diversos testigos antes de recibirles declaraciones sin permitir a esta defensa participar de dicha reunión cuando fue expresamente solicitado”.

Aseguró que también se excluyó a la defensa “de la posibilidad de participar y controlar debidamente la producción de una medida de prueba fundamental como lo es la extracción forense de un dispositivo tecnológico -teléfono celular- el cual sería aportado por la denunciante como prueba”. “Jamás he sentido y vivido tal menoscabo y menosprecio por la actividad de la defensa”, resaltó. “Como todas las garantías constitucionales, la defensa en juicio se erige como una limitación al poder del Estado, en tanto su objeto es proteger al individuo sometido a una persecución penal del eventual uso arbitrario de esa facultad estatal”, resaltó.

Para Alberto Fernández, se “demuestra una vez más que el Sr. Fiscal, antes de velar por la legalidad del proceso y el irrestricto respeto de los derechos del imputado y su defensa, recoge el guante de manera inmediata y acompaña los pedidos de la querella como si fueran sagrados, incluso cuando lesionan -una vez más- el derecho de defensa en juicio al cercenar sin fundamento legítimo la posibilidad de oír a los testigos de descargo.”

Tras cuestionar que se suspendieran las audiencias de las personas que jugarían en favor de Alberto Fernández, la defensa sostuvo que los nombres de los testigos propuestos por esa parte “se mantuvieron en reserva precisamente para evitar que sufrieran represalias ni operaciones de prensa o aprietes de ningún tipo” y destacó que “una de las testigos en cuestión fue despedida de su trabajo en la Quinta Presidencial de Olivos, lo que a todas luces condicionará al resto de los testigos”.

Uno de los capítulos de su recusación tuvo que ver con el análisis del celular de Fabiola Yañez. Sostuvo que no se le permitió poner un perito de parte o seguir la medida por medios telemáticos. Señaló que se cercenaron “los derechos del imputado tal como advertí hasta el hartazgo, aun con el escandaloso final de esa incidencia”: la no entrega del celular de la víctima. “La no comparecencia de la denunciante a efectos de hacer entrega del mentado equipo de telefonía celular, y peor aún, la reticencia a hacer entrega del mismo al concurrir personal de Ministerio Público Fiscal del Reino de España a su domicilio en Madrid redundó en una burla, una falta de respeto a aquel, al propio Dr. González y a esta defensa, todo lo cual incluso provocó que se devuelva el exhorto internacional en esas condiciones, es decir, en el absoluto fracaso de la gestión”, afirmó.

La defensa también habló del posible incumplimiento de deberes. Es por el allanamiento que se hizo en la casa de Alberto Fernández para secuestrar su teléfono celular por la supuesta violación a la perimetral digital que se le había impuesto y que luego fue desmentida por la propia denunciante. “No huelga recordar aquí que en relación a otras cuestiones suscitadas en el marco del proceso, me refiero puntualmente al legajo de investigación formado en relación a las conversaciones mantenidas entre la denunciante y (la ex ministra de la Mujer) Ayelén Mazzina, duerme el sueño de los justos, sin ningún tipo de movimiento tendiente a determinar eventuales conductas y consecuentes imputaciones que podrían surgir de ese suceso, como ser la probable comisión de un -otro más- delito de acción pública -falso testimonio- no ya en relación a Mazzina sino por parte de la denunciante”, dijo la defensora del ex presidente.