La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y de la Fiscales y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) rechazaron las órdenes de detención del gobierno de Venezuela contra funcionarios, jueces y fiscales argentinos por su actuación en distintas causas judiciales. Lo hicieron en los últimos días a través de comunicados y de una nota enviada al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
La FLAM, presidida por el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, expresó su “profunda preocupación” por la decisión tomada. “Los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, expresó la entidad.
Venezuela informó que pidió órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens y los fiscales José Agüero Iturbe, Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Carlos Stornellii. La lista de personas buscadas se extiende a los fiscales y al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, y a Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.
Lo hizo al responsabilizarlos por su actuación en las causas por el avión venezolano-iraní que llegó al país en 2022, fue investigado por supuestas acciones de inteligencia y luego remitido a los Estados Unidos y por la causa en la que la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó la detención de Maduro y otros integrantes de su gobierno por delitos de lesa humanidad que no se investigaron en ese país.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por los Estados ´tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico´”, sostuvo la FLAM.
La entidad internacional le solicitó al fiscal general de Venezuela “facilitar el acceso a la información de la causa judicial en las que se habrían dictado las medidas de detención de los magistrados y fiscales de la República Argentina”.
Por su parte AFFUN, que preside el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, expresó su “mayor repudio” a las ordenes de detención a las ordenes de detención y a las expresiones del fiscal general de Venezuela que “descalificó de manera grosera y agresiva-entre otras- a las instituciones judiciales argentinas, lo que constituye una injerencia indebida a los principios de la soberanía de los estados”.
“Por ello aparecen como totalmente irregulares las capturas internacionales y las alertas rojas supuestamente solicitadas por el Fiscal General de Venezuela en contra de los magistrados judiciales, ya que se fundamentan en cuestionamientos a su actuación funcional en procesos judiciales tramitados o en trámite en nuestro país”, agregó la AFFUN.
En la misma línea, la Federación Latinoamericana de Fiscales emitió un comunicado. “Nos solidarizamos con la situación de Fiscales argentinos y las asociaciones que integran esta Federación y por ello exhortamos a una prudencia especial de las autoridades judiciales competentes de Venezuela de modo tal que no afecten y pongan en riesgo los principios republicanos al admitir presiones intolerables para el normal funcionamiento de los Ministerios Públicos Fiscales”, sostuvo la entidad internacional.
Esta semana el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió junto al secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, a los fiscales para brindarles su apoyo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por los pedidos de detención sobre los jueces y dijo que esa medida es para “horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación con motivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio Publico Fiscal del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con procesos judiciales que tramitan y/o tramitaron ante la justicia federal de nuestro país; y que sin duda se dirigen a horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”, sostuvo la entidad en su comunicado.
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