En un nuevo encuentro en los tribunales federales de Comodoro Py, la Comisión de Reforma del Código Penal trató este miércoles la inclusión dentro de los delitos a la tenencia y portación de armas de fuego sin la debida autorización y la conducción imprudente bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Estas medidas, según expresó el camarista y vicepresidente del Pleno encargado de preparar el anteproyecto, Mariano Borinsky, buscan atacar las dos principales causas de muerte en el país.
En efecto, de acuerdo con el presidente de la Cámara Federal de Casación la tenencia y portación de armas de fuego se convertirán en delitos en virtud de su potencial como “antesala” de otros crímenes que pone en riesgo la vida. Ambas conductas están conectadas con el narcotráfico y la utilización de menores por organizaciones criminales bajo el rol de “soldaditos”. Asimismo, la nueva normativa preverá castigos que irán desde dos a cuatro años de prisión para la tenencia de armas de uso civil sin autorización, y hasta seis años para el caso de armas de guerra. En el caso de la portación, las penas oscilarán entre tres años y seis meses hasta ocho años dependiendo del tipo de arma.
En paralelo, el nuevo marco legal reforzará las penas para las conducciones temerarias. Específicamente, se analizó incorporar una sanción de seis meses a tres años de prisión a quienes participen, organicen o faciliten vehículos para “pruebas de velocidad callejeras” conocidas como “picadas”. Además, la conducción bajo influencia de estupefacientes, con un nivel de alcoholemia superior a cero o que supere los límites máximos de velocidad también será reprimida con multa y sanción de inhabilitación especial de seis meses a tres años.
Los juristas de la Comisión también revisaron diferentes antecedentes en España para evaluar la efectividad de incluir sanciones estrictas vinculadas con delitos de peligro abstracto relacionados con el tránsito, cuya aplicaciones produjeron una significativa disminución en la tasa de mortalidad vial luego de su efectiva implementación.
Por otro lado, las penas para conductores que rechacen someterse a pruebas de alcoholemia o de presencia de drogas, cuando exista sospecha de consumo, se elevarán de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena estipulada.
Durante su reunión, el ente reformador no solo se concentró en el tráfico y las armas, sino que también abordó la descripción legal de daños a objetos de valor cultural, histórico, científico y a símbolos conmemorativos, así como a bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación o de otros Estados. Además, en relación con los incendios, se impusieron penas agravadas a quienes provoquen la destrucción de cereales, ganados, cultivos y forrajes en los campos agrícolas-ganaderos en virtud de la vulnerabilidad de estos elementos por su exposición al aire libre.
El encuentro tuvo lugar tanto de manera presencial en la sala de acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal como por medios virtuales. En ese marco, la jueza María Eugenia Capuchetti destacó el esfuerzo y dedicación invertidos en el anteproyecto del nuevo Código Penal. El juez Ricardo Basílico adelantó que en las próximas reuniones se discutirán temas como la salud pública, el crimen organizado y los delitos contra la administración pública.
El cuerpo, que apunta a unificar en un único texto las leyes especiales y todas las conductas delictivas sancionadas en la legislación penal del país, está integrado por diversas figuras del ámbito jurídico provenientes de distintos orígenes. Allí se encuentran el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Comisión, Jorge Buompadre; el camarista Borinsky; la jueza Capuchetti; los jueces Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
La Comisión fue creada y ampliada por las resoluciones 25/2024 del 28 de febrero de 2024 y 48/2024 del 13 de marzo de 2024, ambas del Ministerio de Justicia de la Nación.
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