La fiscalía federal N°2 de Tucumán solicitó la elevación a juicio de cinco ex policías provinciales acusados de llevar a cabo el secuestro extorsivo de un hombre y recibir 200 mil pesos y un auto como botín de rescate para su liberación. El cautiverio de la víctima duró alrededor de cinco horas y quedó agravado por el uso de armas de fuego y por la participación de más de tres personas. Los allanamientos dictados en el expediente incautaron armas, municiones, ropas de fajina, credenciales y placas de la fuerza de seguridad pertenecientes a los imputados, quienes perpetraron el delito vestidos con el uniforme policial y con la excusa de llevar a cabo un supuesto allanamiento.
Los nombres de los acusados por el representante del Ministerio Público Agustín Chit son el excabo Ricardo Julio Rodríguez, quien al momento del secuestro, ocurrido el 18 de febrero de 2022, prestaba servicios en la Comisaría de Tafí Viejo, y el excabo primero Martín Darío Romano, asignado a la Comisaría Seccional Trece de la Unidad Regional Norte (URN). José Benito Villa, quien trabajaba en la Jefatura Zona II de la URN, también figura entre los imputados, junto con el exsargento ayudante José Antonio Gallo y el exagente Eduardo Germán Agüero, quien ya había sido exonerado de la fuerza.
El fiscal Chit llevó adelante las actuaciones en coordinación con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, y el auxiliar fiscal Ignacio Rueda. Los tres coincidieron con la necesidad de abrir una nueva investigación penal para dar con el paradero de un sexto acusado declarado prófugo de la Justicia.
El secuestro comenzó el 18 de febrero de 2022 a las 14:30, cuando la víctima, identificada como P.N., fue sorprendida en su finca en la localidad de Arroyo Mixta, departamento de Leales. Según la acusación, los imputados llegaron vestidos con uniformes policiales y sin ninguna orden judicial al lugar, donde forzaron la entrada al grito de “al piso, somos policías, esto es un allanamiento”. La Fiscalía sostiene que uno de los acusados, Villa, conocía a la víctima y había brindado información previa sobre su ubicación y sus rutinas para facilitar las maniobras del secuestro.
Una vez dentro de la finca, los secuestradores esposaron a P.N. y a un empleado con la coartada de que quedaban detenidos. Tras ello, comenzaron a exigir un rescate a cambio de la liberación de la víctima por medio de su celular y en comunicación con sus familiares. Inicialmente, demandaron un millón de pesos, pero finalmente acordaron aceptar 200 mil pesos en efectivo y un auto perteneciente al padre como modo de rescate.
Según publicó este lunes el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el secuestro, que duró poco más de cinco horas, los captores también se apropiaron de diversas pertenencias del secuestrado, incluyendo dos escopetas, una pistola semiautomática, dos rifles de aire comprimido, herramientas y una moto.
Tras acordar el rescate, los imputados pasearon a P.N. por distintos puntos de la ciudad de San Miguel en una caravana de autos y la moto robada. Según se constató en la causa radicada en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, en cabeza del juez Fernando Poviña, el recorrido incluyó una parada en un almacén para comprar una gaseosa y otra en el Círculo de Oficiales de la Policía provincial. La víctima fue liberada a las 19:45 en su domicilio luego de que sus familiares entregaran los bienes del rescate.
Los fiscales del caso contaron con la colaboración de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA). Ambas fuerzas de seguridad realizaron tareas de campo y análisis de comunicaciones que llevaron a la identificación y detención de los acusados en septiembre de 2022. Además, en una serie de allanamientos ordenados por el juez, se incautaron armas, municiones, ropas de fajina de la Policía de Tucumán, credenciales y placas policiales, documentación, dinero y varios dispositivos electrónicos.
El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía encuadró las conductas de los cinco ex agentes bajo el delito de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse concretado el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas y por el hecho de que tres de los implicados eran funcionarios policiales en ejercicio.
A su vez, se les imputa el ilícito de robo agravado, cometido mediante el uso de armas de fuego, aunque no se acreditó su aptitud para disparar, y por haber ocurrido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita. En ese marco, Romano, Rodríguez, Agüero y Gallo deberán enfrentar cargos como coautores, mientras que Villa será juzgado como partícipe necesario, informó el MPF.
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