Imputaron a tres personas por el traslado ilegal a Bolivia de una beba recién nacida en Salta

Un juez federal de Garantías de la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, formalizó una investigación penal contra la madre de una beba que fue entregada a una pareja de hermanos, quienes la trasladaron a la localidad boliviana de Bermejo de forma ilegal. Los tres acusados enfrentan ahora cargos por el delito de “supresión de estado civil” en calidad de coautores, cuya pena máxima establece seis años de prisión. “Acá está en juego lo que podría ser una red internacional de trata”, aseguró el magistrado.

Con la reciente aprobación del juez Gustavo Montoya, quedó activa la pesquisa contra Patsy Godoy, madre de la recién nacida, y los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz. La acusación está en manos de la fiscal interina de la Sede Descentralizada de Orán, María del Carmen Núñez, quien logró que el magistrado dicte la prisión preventiva para los Caiguara Ortiz en virtud del posible “riesgo de fuga” de ambos, además de la fijación de ciertas restricciones para Godoy, quien permanecerá en libertad mientras dure el proceso pero no podrá acercarse a su hija.

En rigor, la fiscalía respaldó su acusación en el artículo 139 del Código Penal, que contempla penas de cárcel de entre dos a seis años para quienes “alteren o supriman la identidad de un menor de 10 años”. A su vez, el artículo 139 bis del mismo cuerpo legal castiga con sanciones de tres a diez años para quienes “faciliten, promuevan o intermedien” esta clase de delitos.

Según publicó este miércoles el Ministerio Público Fiscal (MPF), el caso comenzó el 9 de agosto tras una denuncia de Karina Segovia, gerente de Atención de las Personas del hospital San Vicente de Paul de Orán, sobre la desaparición de una beba recién nacida en ese establecimiento. Con la investigación en marcha, se determinó que Godoy había ingresado el 4 de agosto para dar a luz mediante una cesárea programada y, dos días después, fue dada de alta junto a su hija.

El protocolo hospitalario incluía una visita sanitaria tres días después, donde solo se encontró a la madre, quien alegó que la pequeña estaba internada por un problema de salud, algo que resultó ser falso. Esto activó una alerta en el hospital que llevó a la médica denunciante a trasladarse hasta la casa de Godoy. Si bien no la encontró en ese lugar, sí logró hablar con la madre, abuela de la recién nacida, quien le confirmó que la beba nunca había llegado a estar en esa vivienda.

La revisión de los registros del hospital reveló otro domicilio registrado por Godoy en el barrio 30 Viviendas de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde reside Evaristo Caiguara Ortiz. Las autoridades se presentaron en ese inmueble y no hallaron a nadie. Sin embargo, el 9 de agosto la fiscalía tomó contacto con el sospechoso, quien luego se comunicó con su hermana María, radicada en Bermejo, para se hiciera presente en la comisaría de Aguas Blancas e hiciera entrega de la menor. La beba se encontraba en buen estado de salud, según se informó desde el MPF.

En sus declaraciones judiciales, los ahora imputados expusieron sus versiones del caso. Godoy explicó que conocía a Evaristo desde hace años y mencionó que, como consecuencia de las amenazas de su madre, que “no quería otro niño en la casa” donde vivían, acudió a él antes de dar a luz porque “no sabía qué hacer”. Tras el nacimiento, Evaristo intermedió para que su hermana se hiciera cargo de la beba. Según la madre, esperaban inscribirla en el Registro Civil el próximo 22 de agosto a través de un turno que ya tenía gestionado.

Evaristo y María, en tanto, dijeron que actuaron de “buena fe” y que su intención siempre fue llevar a cabo las diligencias legales para la adopción de la beba. Sin embargo, la fiscal Núñez insistió en la imputación de los tres acusados, cuyos celulares quedaron incautados a la espera de un peritaje técnico.

Por su parte, el juez federal respaldó la solicitud de la acusación para otorgar la prisión preventiva de los hermanos Caiguara Ortiz con base en los “serios riesgos de fuga” y el potencial “entorpecimiento procesal”. “Acá está en juego lo que podría ser una red internacional de trata, entonces en ese sentido voy a disponer la medida de coerción más grave”, dijo el magistrado al resolver.

La madre imputada, a su vez, permanecerá en libertad pero sometida a la prohibición de abandonar el país y de acercarse a su hija, quien quedó bajo el resguardo de la Secretaría de la Niñez de la jurisdicción de Orán.