Rodolfo Barra: “El Estado es enorme y eso lo pagamos en el índice inflacionario”

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra sostuvo que el exceso de organismo que tiene el Estado lo pagan los contribuyentes con inflación, al disertar en el Seminario “Ley de Bases desde el Derecho Administrativo” organizado por la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la conferencia, que se realizó en forma virtual, expusieron el Procurador del Tesoro y Pedro Aberastury, especialista también en esa rama del Derecho, quienes expusieron sobre “Delegación legislativa: la reforma del Estado”.

El evento fue moderado por Ezequiel Cassagne, director del Colegio de Abogados de la Ciudad. En la apertura del conversatorio, Cassagne destacó la participación en el evento de dos destacados expertos en la materia.

En primer término expuso Pedro Aberastury, Doctor en Derecho en la especialidad de derecho administrativo, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la cual es Profesor Adjunto regular en la carrera de grado. Se desempeña como Profesor Titular en la materia Responsabilidad del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación y en la Maestría en Abogacía del Estado. El especialista se refirió a todos los aspectos vinculados a la delegación legislativa.

Aberastury remarcó la importancia de este tipo de conversatorios al señalar que “a esta altura es muy útil difundir lo que se está haciendo desde el punto de vista jurídico.” En primer lugar, el jurista hizo un repaso histórico sobre el proceso legislativo a través del cual quedó establecido cómo debía ser la delegación legislativa remarcando que la intención de los constituyentes fue establecer limitaciones expresas.

Al referirse a las razones por las cuales se incorporaron herramientas de delegación legislativa como los Decretos de Necesidad y Urgencia sostuvo “yo creo que fue porque hemos vivido en todo el siglo 20 con declaraciones de emergencia y emergencias continuadas quizás sectorizadas por un lado pero por el otro lado generales en la época de los 90 y esto fue acordado en el llamado Pacto de Olivos y en la sanción del núcleo de coincidencias básicas.” Y agregó “¿de qué se trata entonces la legislación delegada? Bueno, se trata de una situación que no es novedosa y que fue tratada por la Corte Suprema desde 1927 en el famoso caso Delfino en el cual ahí se dijo que existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de arreglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquellos.” Aberastury indicó que esa fue la línea que siguió el Máximo Tribunal y remarcó que “lo que tenemos que recordar es que se trata de normas de excepción y que ese fue la postura de la Convención Constituyente.”

Luego expuso el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra quien con su experiencia en el tema habló sobre la reforma del Estado, sus antecedentes y qué implica este proceso iniciado por el gobierno nacional.

Barra explicó que la idea de la delegación de la Ley Bases está muy ligada a la desburocratización del Estado, del sector público. Debe ser eficiente y eficaz, es decir, eficaz que logre el objetivo eficiente y lo haga con el menor costo posible. “Es decir que el proceso de conversión entre los recursos que se utilizan y el resultado sea favorable al ahorro de costos para obtener el mismo resultado, de costos económicos pero también de costos en la limitación de derechos y en la actuación en general de la población, no solamente de lo que hace el Estado”, afirmó Barra.

Destacó además la política de desregulación establecida en el DNU 70 dictado por el Presidente Javier Milei al comienzo de su gestión apoyado también por la Ley Bases que busca quitarle al sector privado esa cantidad enorme, enmarañada y pesada de normas, de requisitos, de ventanillas, de trámites, de esperas “a los que estamos acostumbrados y hemos vivido hasta el momento, que suponen un enorme costo para los particulares y por lo tanto una retracción en materia de inversión. Normalmente también suponen corrupción y menor actividad, por lo tanto menor recaudación para el Estado.”

Al hacer referencia a la gran cantidad de organismos que la ley no le permite al Poder Ejecutivo disolver, Barra afirmó “es enorme el Estado, todo enmarañado y todo eso lo pagamos, todo eso cuesta y finalmente cuesta en algo mucho más sensible, cuesta en el índice inflacionario.”

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