Causa Polo Obrero: Pollicita reclama procesar a Belliboni por los aprietes y avanzar hacia Pérsico

El fiscal Gerardo Pollicita apeló este viernes el procesamiento en la causa del Polo Obrero: quiere que Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, no solo responda por el delito de defraudación al Estado sino también por los aprietes y extorsiones contra los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que pasaron por su organización. En su dictamen al que accedió Infobae, el fiscal no solo habló de una estructura piramidal que daba de alta o baja a las personas según sus aportes de dinero o la asistencia a las marchas. También se basó sobre las declaraciones de arrepentidos que apuntaron directamente contra el líder piquetero.

“Chiquito Belliboni siempre mandó por Whatsapp en el grupo de Polo CABA (...) audios de un minuto, dos minutos, a veces más también diciendo que nosotros teníamos que convocar a la gente con fuerza a la movilización, siempre con fuerza y a esa gente nosotros teníamos que avisarles personalmente que tenían movilización o enviar por los grupos, no sé, ellos nos mandaban el instructivo también, mandaban unas fotos diciendo la dirección exacta donde iba a ser la movilización (...) poner la información esa digamos que ellos nos dan (...) media hora antes, con fuerza todo (...) y lo mismo de Jeremías”, dijo uno de los imputados-colaboradores que declararon en la causa. Jeremías es Jeremías Cantero, el número dos del Polo Obrero y a quien también se le pide ampliar el procesamiento por extorsiones.

El fiscal reclamó que la Cámara Federal revise los delitos por los que fueron procesados los acusados. También reclamó que se avance con el llamado a indagatoria de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández. Lo acusó de encabezar una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Mientras tanto, los acusados también apelaron el procesamiento dictado el lunes por Casanello: reclamaron la nulidad de la resolución por la vulneración al derecho de defensa en juicio y debido proceso penal, cuestionaron la imposibilidad de controlar las testimoniales y afirmaron que no había aprietes sino una concientización política para marchar. “La organización se ve forzada por el propio Estado a autofinanciarse y en el cuadro de pobreza y recursos escasos, se encaran proyectos comunitarios, como comedores y merenderos, que es la primera contención del hambre en los barrios”, afirmaron.

Belliboni encabezó un acto en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, en donde mostraron con gráficos fotos de los comedores. Y anunció que “no se alegre Patricia Bullrich” porque el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, diferentes organizaciones sindicales, sociales, religiosas y de derechos humanos van a marchar contra la pobreza.

La causa

El 20 de diciembre de 2023 era la primera movilización que el Polo Obrero había preparado contra el Gobierno de Javier Milei, que había asumido diez días antes. El Ministerio de Seguridad habilitó un número de teléfono para que se denunciara, en forma anónima, a piqueteros para obligarlos a ir a las marchas. Hubo cientos de llamados. La denuncia se radicó en Comodoro Py.

El fiscal Pollicita se concentró en los llamados hechos en Capital Federal, buscó identificar quiénes hicieron los llamados y los invitó a declarar: cinco de ellos aceptaron. Con esos testimonios y pruebas se avanzó hacia pedir allanamientos e indagatorias de un grupo de dirigentes del Polo Obrero por defraudación y extorsión. Previo paso por la Cámara Federal, el juez Casanello ordenó las indagatorias e incluyó en la nómina de citados a Belliboni: en los allanamientos se habían encontrado pruebas de facturas truchas y sospecha de desvíos de fondos con fines partidarios.

El lunes pasado, Casanello firmo el procesamiento de Belliboni por administración fraudulenta, lo embargó por $390 millones y le prohibió la salida del país y el acercamiento a los comedores investigados. Junto al líder del Polo Obrero también quedaron procesados otros 17 dirigentes por fraude. Solo dos mujeres fueron responsabilizadas en forma directa de amenazas que sufrieron los beneficiarios.

El fiscal también le pidió avanzar hacia los ex funcionarios del Estado que hicieron posible estas maniobras y reclamó llamarlos a indagatoria y dictar medidas cautelares. El juez entendió que primero había que analizar cómo se sustanciaron los expedientes administrativos e investigar si hubo visitas o mails entre Belliboni y Pérsico u otro de los funcionarios apuntados.

La apelación de la fiscalía

“La resolución impugnada ocasiona a esta parte un gravamen de imposible reparación ulterior en tanto recorta en forma arbitraria la plataforma fáctica investigada, realiza una valoración parcial de las pruebas incorporadas a la pesquisa y efectúa una errónea aplicación de la ley sustantiva, y como consecuencia de ello, cercena la misión general que la ley le asigna a este Ministerio Público Fiscal”, comienza la apelación del fiscal Pollicita y el auxiliar fiscal Julio A. Pacheco y Miño que fue presentada en la mañana de este viernes.

Para el fiscal, “la exigencia de asistir a movilizaciones y entregar parte del dinero percibido bajo amenaza de perder el plan social y/o de quitarles la asistencia alimentaria a los beneficiarios, no deben ser englobados como constitutivos de la administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, sino que constituyen los tipos penales de amenazas coactivas y extorsión”. Esa situación implicar elevar la escala penal de un mínimo de 5 años y al máximo a 20 años de prisión.

Pollicita le pidió a la Sala I de la Cámara Federal que amplíe los procesamientos. “Se trató de una ‘pirámide organizacional’ que, de modo generalizado, sistemático y organizado, realizó estas prácticas coactivas y extorsivas contra una gran cantidad de víctimas, cuyos beneficiarios finales -tanto del dinero como de las movilizaciones- eran las máximas autoridades de esa organización”, sostuvo el dictamen.

El fiscal también cuestionó que “el tribunal únicamente puso el foco en la responsabilidad de las autoridades del Polo Obrero y en la fase de rendición de cuentas de los fondos públicos”, pero no en los funcionarios de Desarrollo Social.

Según esa mirada, “la resolución cuestionada omite arbitrariamente el análisis de numerosos elementos probatorios que acreditan flagrantes apartamientos que en forma deliberada llevaron adelante los funcionarios públicos del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el propósito de beneficiar a los responsables del Polo Obrero tanto en la etapa de asignación del dinero del Estado, así como también, en la fase de control de la ejecución de los convenios del Programa Potenciar Trabajo”.

Según dijo, “la presentación de los sucesos investigados como un ‘engaño’ de los particulares a los funcionarios a partir de la presentación de facturación apócrifa implica un recorte sustancial de la plataforma fáctica porque más allá que V.S. ordenó medidas probatorias para profundizar la pesquisa -sobre aspectos ya acreditados-, lo cierto es que desde el plano de la materialidad de los hechos no se puede engañar al administrador de un patrimonio ajeno que deliberadamente incumple sus deberes en pos de beneficiar a un tercero”.

En vez de preguntarse solo “¿dónde terminó el dinero que el Estado había entregado para subsidiar las actividades productivas del Plan Potenciar?”, la investigación debería responderse: “¿Cómo fueron entregados esos fondos?, ¿Cómo fue posible que a existía una estructura de funcionarios públicos de alta jerarquía que debía velar por su correcta aplicación?”, señaló el fiscal.

“La respuesta a todos esas preguntas permite reconstruir la real dimensión de los sucesos investigados -lo que justificó una profusa investigación de esta fiscalía- e implica necesariamente incluir el análisis de la actuación de los ex funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social”, aseveró.