El juez federal Sebastián Casanello ordenó este lunes llevar adelante una serie de medidas para resolver si, como pidió el fiscal Gerardo Pollicita, ordena la indagatoria de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández. El Ministerio Público lo acusó de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.
Para el juez, faltan elementos para ordenar una indagatoria y se necesita demostrar que existió una transacción o dádiva entre los ex funcionarios de Alberto Fernández y el Polo Obrero. Y por ello solicitó que Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello envíe el registro de visitas de todos los ex funcionarios investigadores y el back up de sus correos electrónicos.
El fiscal Pollicita había pedido el viernes previo al inicio de la feria judicial la indagatoria a Pérsico y los ex funcionarios de su área Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También pidió que sean nuevamente citados a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Iván Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.
Según expresó, la prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados “no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del ‘Polo Obrero’ frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.
Tras procesar a Belliboni y a un grupo de dirigentes del Polo Obrero por administración fraudulenta y, en algunos casos, coacción agravada, el juez analizó que “el fiscal dice ahora ver en este expediente una matriz de corrupción donde funcionarios públicos entraron en complicidad, a través de un acuerdo venal, con la autoridades del Polo Obrero -encabezadas por Eduardo Belliboni- para desviar la política pública en beneficio de esa organización”.
“Es evidente la necesidad de profundizar la actividad investigativa a la luz de esta nueva propuesta del fiscal, resultado, al parecer, de un nuevo análisis de los expedientes administrativos. Una instrucción suplementaria permitirá pasar de lo simplemente posible o verosímil al grado de sospecha” para llamar a indagatoria, afirmó.
El fallo destacó que “el escrito recientemente presentado por la fiscalía se basa en la existencia de un presunto desvío de poder, es decir, sugiere que existió dolo a través de una finalidad encubierta” y por ello ordenó la citación testimonial de los funcionarios que hicieron dictámenes administrativos analizados por el ex ministerio de Desarrollo Social.
El juez afirmó que “si se sostiene que los funcionarios públicos actuaron de modo coordinado con las autoridades del Polo Obrero con el fin de asegurar el desvío, sobre la base de un acuerdo venales , es necesario buscar la transacción o dádiva que la explique (de lo contrario, lo venal se cuela como un adjetivo que en lo discursivo tonifica, pero en los hechos genera confusión)”.
Por ello, el juez solicitó informes a la ministra Sandra Pettovello de Capital Humano para que remita en los próximos diez días “el registro de las visitas que recibieron los ex funcionarios públicos Emilio Miguel Ángel Pérsico, Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef durante el período comprendido entre 2020 y 2023, inclusive, debiendo especificar el nombre y apellido de los visitantes, las fechas y los horarios de ingreso y egreso del edificio de las visitas”; y “el back up de correos electrónicos correspondiente a las computadoras que los nombrados utilizaron durante aquel período”. También pidió los legajos laborales completos de los nombrados.
El juez volvió a pedir (“requeriré a la titular del Ministerio, por segunda vez”) datos sobre los convenios celebrados con la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor: “toda acta de inspección, visita y/o entrevista con los beneficiarios del Programa efectuada en dicho marco (efectuada por sí o por terceros), como así también informe si se han efectuado auditorías al respecto, tanto por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como por universidades nacionales o cualquier otra institución externa, debiéndose acompañar toda actuación y/o documentación vinculada”.
Y le pidió al titular de la Sindicatura General de la Nación que remita los informes que se hayan efectuado respecto de la “eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información que se genera sobre la gestión” del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y “el cumplimiento de las normas, tanto en el desarrollo de las tareas sustantivas como de aquellas llevadas adelante en áreas de apoyo”, junto con toda documentación y/o papel de trabajo vinculado; todo ello con relación al período comprendido entre 2020 y 2023 -inclusive-.
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