Absolvieron a cuatro ex funcionarios de PAMI y ANSES, vinculados a La Cámpora, que eran juzgados por corrupción en Salta

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió a cuatro exfuncionarios de PAMI y de la ANSeS, acusados de exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado. La absolución alcanzó además a un ex concejal del Partido de La Victoria, imputado como partícipe necesario. La fiscalía los acusó por el supuesto cobro a los jefes de distintas agencias de la obra social de los jubilados del 20 por ciento de sus sueldos, que habría sido destinado para la agrupación kirchnerista La Cámpora. El tribunal entendió que “el dinero requerido era a título de contribución, lo que no evaluó como ilegal”.

Los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Basbus firmaron la absolución para la ex directora de PAMI local, Verónica Molina; los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo; el exdirector de la ANSeS Salta, Marcos Vera, y de Fernando Ruarte, exconcejal por el partido La Victoria.

La causa se inició cuando fueron condenados dos ex gerentes del PAMI en Salta por haber recibido de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020. En esa oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar “aportes” a La Cámpora. Es que, con la repercución que tuvo aquel escándalo, aparecieron diálogos que incriminaban a los dirigentes.

En el juicio que comenzó el 22 de febrero pasado, el fiscal federal Ricardo Toranzos había considerado acreditada la conducta ilegal de los acusados, excepto para Ruarte, en la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia. El pedido era para que pagaran el 20% del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora. Ese dinero –sostuvo la fiscalía- se acreditaba mediante transferencias en algunos casos y en otros se hacía a través del sistema de comunicación interna del PAMI.

Vera y Molina fueron apuntados como los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos. Son además referentes de peso de la organización política La Cámpora en la provincia. En su hipótesis de acusación, el fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento, según informó la página oficial fiscales.gob.ar.

Pero en el juicio dos exfuncionarias del PAMI declararon que la acusación que le habían formulado en el debate anterior a Vera y Molina había sido por el enojo que sentían contra ambos por no haber tenido el apoyo cuando eran juzgadas.

El otro eje de las acusaciones, en tanto, tuvo que ver con la entrega de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que fueran distribuidos entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, cuyo destino –para la fiscalía- fue desviado con fines electorales. Específicamente se planteó que estos bienes terminaron siendo funcionales a la campaña política que tenía como protagonista al entonces concejal Ruarte, quien buscaba su reelección por el Partido de La Victoria en la capital salteña, lo cual no consiguió, pero no por la acusación penal, pues las actuaciones se iniciaron meses después de las elecciones.

En su sentencia, el tribunal descartó las acusaciones. Consideró veraz que el dinero requerido era a título de contribución y estaba dirigido a subvencionar actividades sociales de La Cámpora, lo que no evaluó como ilegal.

Par el tribunal, la exigencia de pago aludida por la fiscalía no era tal, ya que no había relación funcional de los acusados principales, Vera y Molina, con los jefes de agencias, entre quienes mencionó a Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, que estaban al frente de las sucursales de Orán y El Carril, respectivamente.

En efecto, Juárez y Fernández fueron juzgadas por el cobro ilegal del IFE. La segunda fue condenada por el Tribunal Oral Federal N°1 el 6 de agosto del 2021. Ambas dijeron que eran obligadas a pagar el 20% de su sueldo y que esa demanda provenía de Vera y Molina. Al presentarse declarar, las dos exfuncionarias reconocieron sus dichos, pero le dieron otro matiz, al sostener que la acusación realizada contra Vera y Molina había sido por el enojo que sentían contra ambos por no haber tenido el apoyo cuando eran juzgadas.

Sobre la retractación, el juez Batule le dio credibilidad a la última versión de las testigos, sin analizar las otras pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas los audios y capturas de mensajes que confirmaban el tenor de imposición que tenía el aporte requerido por los acusados.

Por su parte, la jueza Catalano admitió el pedido como una exigencia, aunque aclaró que Vera, al momento de los hechos imputados, no era funcionario del PAMI, sino asesor de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que no existen pruebas de que Molina hiciera tal requerimiento. Además, sostuvo que Vera pidió para la organización política y no para sí mismo. También compartió el criterio del presidente del tribunal respecto a la justificación dada por Fernández y Juárez al retractarse.

En la misma sintonía, se refirieron a la entrega de los electrodomésticos, conducta que tampoco calificaron como delictual, sino más bien como una irregularidad, de la cual eximieron al PAMI, puesto que el organismo no estaba preparado para ese tipo de actividad. Ambos coincidieron en que el destino de los bienes, el cual estaba dirigido a los afiliados de ese organismo, se cumplió. Si bien reconocieron que hubo en el caso de Ruarte un aprovechamiento político, indicaron que lo cierto es que, en cada ámbito de entrega, siempre estuvo el PAMI presente.