Los dirigentes y militantes de organizaciones sociales que ayer fueron allanados en la causa por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales se presentaron en la justicia para designar abogados y comenzar a ser parte de la causa judicial que tramitan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que 13 imputados se presentaron en el expediente, entre ellos Jeremías Cantero, del Polo Obrero, y Elizabeth del Carmen Palma, presidenta de la Asociación Polo Obrero. Se trata de los dos imputados que el fiscal Pollicita acusa de tener un rol protagónico en la organización y quienes tuvieron sus teléfonos intervenidos.
Los 13 imputados que se presentaron forman parte del Partido Obrero y designaron como abogados a Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello. Cuando sean aceptados podrán acceder al expediente y comenzar con la defensa de los acusados.
Allegados a la defensa le dijeron a este medio que ya están trabajando en presentaciones que harán en el expediente. Entre ellas, nulidades sobre los allanamientos que se realizaron ayer y sobre la investigación judicial. También explicarán el origen de los 54 mil dólares que se encontraron ayer en la casa de María Isolda Dotti, otra de las imputadas en el expediente.
La Policía Federal realizó ayer 28 allanamientos en domicilios de la ciudad y el conurbano bonaerense en una causa que se inició en diciembre pasado por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de los mensajes recibidos en la línea 134 sobre presuntas extorsiones en el manejo de planes sociales. Los lugares allanados pertenecen a dirigentes y militantes del Barrios de Pie, Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En los allanamientos se secuestró dinero en efectivo, celulares, notebook y otros equipos tecnológicos que serán peritajes en busca de información que pueda ser relevante para el expediente.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
La investigación se nutrió de chats de WhatsApp que aportaron los denunciantes y del testimonio que brindaron en la justicia.
El principal referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, no está imputado en la causa y habló públicamente sobre el caso. “No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no sé ni quién es. No voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.
“Puede ser que ocurra en un caso, pero eso no muestra ninguna estructura piramidal. Puede ser un tipo al que hay que echar de una organización. Yo sé que puede haber tipos que sea un delincuente, como en todas las organizaciones. Ahora yo pongo la cabeza en contra de eso. Y dónde está la estructura piramidal que llega a mí o a otros dirigentes. Es falso”, agregó.
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