Procesaron a la integrante de Revolución Federal que ofrecía un arma para matar a Cristina Kirchner

“No es una mala idea, tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan”, dijo “Dali Revolución” en el teléfono del fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel. Ahora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a la mujer, llamada Lidia Margarita Casciano, que en los grupos de chats de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal ofrecía un arma para atentar contra la ex presidenta Cristina Kirchner antes del intento de asesinato en su contra. Casciano fue procesada por “realizar manifestaciones que inciten públicamente a la violencia”, un delito que contempla penas de entre tres y seis años de cárcel.

El juez consideró que eso “no puede considerarse como el libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión, excediendo a la expresión de ideas”. “Las manifestaciones llevadas a cabo por Lidia Casciano encuentran adecuación típica en el delito de incitación pública a la violencia colectiva”, insistió el auto de procesamiento, que además le trabó un embargo por un millón de pesos.

El juez descartó que no hubiera existido delito porque la agresión no se concretó. “Este tipo penal se trata de los llamados de acción peligrosa concreta, por cuanto la ley los reprime por la mera incitación. No se requiere para su configuración resultado alguno. Se consuma con la realización misma, de modo tal que pueda tener trascendencia a terceros”, dijo el juez.

En su defensa, según aparece relatado en el fallo, Casciano dijo que nunca pasó por su mente hacerle daño a Cristina Kirchner ni facilitar nada y aclaró que cuando hizo referencia al mástil, “fue en forma de chiste ya que estaba bromeando respecto a una funcionaria que, como política pública, había regalado consoladores de madera”.

Según explicó, “de ninguna manera” ofreció seriamente algo, que compró para defenderse, a una persona que “ocasionalmente conoció” en la puerta de la Quinta de Olivos, en referencia a Jonathan Morel, sino que en dicha oportunidad le pidió una canción que estaban cantando durante la marcha y él la agendó en su teléfono, pero que no se lo cruzó más. Reconoció que pudo haber chateado con él debido a que Morel salía en televisión, pero ello no implica que haya querido entregarle o usar ella su arma, ya que cuando realizó dichas manifestaciones “lo hice en forma de burla y bromeando”.

Según detalló, los mensajes que se le imputan sólo fueron “una forma de compartir su descontento con todo lo que estaba ocurriendo en el país”, pero de ninguna manera traducían intenciones ciertas, ya que nunca sacaría el arma de su casa ni se la entregaría a persona alguna. También dijo que no le desea la muerte a Cristina Kirchner, sino que sea debidamente juzgada.

Y manifestó que ella recibía mensajes del “Grupo Equipo Republicano” que está compuesto por unas señoras mayores como ella, y su objeto es hacer cacerolazos de forma respetuosa. “En distintos momentos, concurren con carteles y cantan el himno nacional y la marcha de San Lorenzo, pero que no cortan calles y que es todo lo opuesto a Revolución Federal”, subrayó. Admitió que fue el día del cumpleaños de Fabiola Yañez, la mujer del ex presidente Alberto Fernández, a la puerta de la Quinta de Olivos, y que “nunca se imaginó” que alguien con la personalidad “pasiva, tímida y delicada de Jonathan Morel”, que ella había percibido, “iba a terminar en todo lo que terminó”.

La causa está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita y entre los querellantes están la ex vicepresidenta y el ex precandidato presidencial Juan Grabois, ambos víctimas de las acciones desplegadas por Revolución Federal.

La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Además, se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban.

El 20 de octubre Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal, fueron detenidos y, diez días después, resultaron excarcelados. Quedaron procesados.

Los mensajes emitidos por DR y hallados en los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos de Morel son cuatro:

- El 22 de julio de 2022, “Dali Revolución” respondió a un video identificado como Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner, con el mensaje: “Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte” y “que no es una mala idea tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan”.

- El 22 de julio, tras una convocatoria de Sabrina Basile a “defender al campo” en la Sociedad Rural Argentina, insistió: “Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo fas (sic) pimienta”.

- El 25 de agosto, “Dali Revolución” reaccionó a un video compartido por Jonathan Morel, denominado La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia, con el mensaje “Una granada ahí (...) Mi límite es la 9 mm que tengo”.

- El 27 de agosto de 2022, “Dali Revolución” le dijo a Morel: “Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo (para) la actividad bala (sic): tengo unas ganas de usar mi 9 mm”.

“Tal como se vislumbra en el hecho imputado, la Sra. Lidia Casciano ha efectuado manifestaciones dentro de un grupo de WhatsApp e incluso con el mismo Jonathan Morel en la misma línea que las expresadas en tal grupo, de indudable contenido violento contra Cristina Fernández de Kirchner y un grupo de seguidores de su partido político”, determinó el juez Martínez De Giorgi.

En las últimas semanas, el juez había sobreseído a algunos integrantes de Revolución Federal por otros episodios, como el haber pateado el auto de Sergio Massa cuando asumía como ministro, o el haber llevado una botella como combustible en la mochila que se rompió a una manifestación a la puerta de la casa de la entonces vicepresidenta. Pero la Cámara Federal revocó esa decisiones y procesó a los involucrados por estos nuevos hechos.