El Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (FORES) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el principal problema de la Justicia en Argentina es la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental. La ONG fue seleccionada por la CIDH para exponer durante su 189 período de sesiones sobre la independencia judicial.
Durante la audiencia que tuvo lugar en Washington, Marcelo de Jesús en representación de FORES expuso sobre los obstáculos que tiene el Poder Judicial en la Argentina para investigar los casos de corrupción. En este sentido remarcó que esta situación es particularmente grave ya que diversos estudios vinculan la corrupción con los incrementos en los índices de pobreza, que en la Argentina ya superan el 50 por ciento.
Durante su exposición, de Jesús señaló que hay dos cuestiones vinculadas a la independencia judicial de Argentina: la primera y la máxima amenaza son las interferencias de la política para lograr la impunidad de la corrupción; y la segunda que esa corrupción está tan extendida que ha llevado a una pobreza jamás vista en nuestro país. “Pobreza y corrupción son dos caras de una misma moneda, el producto de la corrupción en la Argentina es la pobreza”, dijo.
Además reveló que en un informe al Fondo Monetario Internacional, FORES describió que aún un pequeño aumento de la corrupción generaba menor desarrollo inclusivo. Por otro lado advirtió que nuestro país está en el puesto 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, y descendió 36 lugares en los últimos cuatro años.
El representante de FORES destacó que el problema de la Argentina no es la falta de leyes y mencionó un informe que elaboró la ONG en el que indicó que tiene suficientes leyes y tratados anticorrupción. Asimismo afirmó que tampoco el principal problema es la Justicia que ya condenó a un ex presidente, un ex vicepresidente, ministros y otros funcionarios pero remarcó que sólo el 6 por ciento de las causas de corrupción llegan a sentencia, el resto de los casos quedan en la etapa de investigación.
Entre las interferencias a los jueces para investigar la corrupción mencionó:
- El asesinato del fiscal federal Alberto Nisman quien al día siguiente de su muerte iba a denunciar en el Congreso Nacional a la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner por obstruir la investigación del atentado a la AMIA.
- La reforma de leyes para beneficios políticos como es el caso del Consejo de la Magistratura, cuya primera norma dispuso 9 cargos políticos sobre 20, en 2006 una reforma estableció 7 consejeros políticos sobre un total de 13, y en el 2013 se decidió elegir a todos los consejeros por el voto de la política.
- La búsqueda de amedrentar la acción de fiscales y jueces a través de declaraciones públicas, por ejemplo, cuando un presidente declara que las investigaciones de la contratación pública es materia no justiciable o cuando le “desea” a un Fiscal que no le pase lo mismo que al mencionado Nisman.
- Los intentos de cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público a través del dictado de leyes de jubilación de privilegio, con la intención de vaciar el Poder Judicial y aprovechar dicho vaciamiento para la designación “provisoria” de jueces y fiscales sin estabilidad y, por ende, más vulnerables a las presiones políticas. En este sentido, vale destacar que en la Argentina el 25% de esos cargos se encuentra vacante.
- La ideologización y partidización de la Justicia a través de la narrativa del lawfare, acusando a jueces y fiscales de ser políticos que intentan voltear a un gobierno.
Marcelo de Jesús mencionó las cuatro propuestas que llevó FORES a la CIDH: primero, hacer un monitoreo más riguroso de la Carta Democrática Interamericana sobre la división de poderes y la independencia judicial; segundo, que se insista a los poderes judiciales para que se enfoquen en el decomiso del producto de la corrupción; tercero, que se profundicen la relación obstrucciones a la independencia de la Justicia, corrupción y pobreza; y cuarto, una mayor participación de la sociedad civil en estas cuestiones.
En diálogo con Infobae, Marcelo de Jesús afirmó: “Si el costo de una campaña presidencial se estima en 100 millones de dólares no extraña que en una reciente causa de corrupción se destacara que el producto de la corrupción era de mil millones de dólares o que la corrupción invirtiera en tierras por una superficie equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires.”
Añadió además que “la corrupción no sancionada es incentivo para que el sistema político profundice las obstrucciones a la Justicia. La máxima amenaza a la independencia judicial son las interferencias de la política para lograr la impunidad de la corrupción.”
En la presentación colaboró el equipo de investigación de FORES integrado por María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquín Vergara Fornari.
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