Ordenaron retirar a dos perros de un barrio cerrado para prevenir posibles agresiones

En el marco de una acción para prevenir un posible daño, la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó un fallo de primera instancia donde se le ordenó a una mujer retirar a sus dos perros de raza american staffordshire terrier de un barrio cerrado ubicado en Villa Carlos Paz por considerarlos “potencialmente peligrosos” para los vecinos y sus mascotas.

Se trata de un caso que publicó el Poder Judicial de Córdoba, donde la sociedad anónima titular del predio “Altos de San Antonio” promovió una demanda civil por “prevención del daño” contra una propietaria del barrio y dueña de dos terriers que se habían escapado al menos cuatro veces de su casa y habían agredido a otras mascotas, vecinos y empleados del lugar.

Antes de que el expediente arribara a la Cámara Sexta de Apelaciones, compuesta por los camaristas Walter Simes, Julio Sánchez Torres y Alberto Fabián Zarza, el juez de primera instancia de Carlos Paz Andrés Olcesse resolvió hacer lugar a la demanda para retirar del loteo a los dos perros de la demandada de forma preventiva en un plazo de 15 días de confirmada la resolución “bajo apercibimiento de ejecución forzada”.

Pero la mujer impugnó el fallo tras agraviarse de una “incorrecta valoración de la prueba y de lo declarado por los testigos”. En rigor, durante el juicio habían declarado distintas personas que dieron cuenta de la potencial “peligrosidad” de la que era capaz la raza american staffordshire terrier. Tal fue el caso del perito veterinario oficial, quien expresó que estos perros “son potencialmente peligrosos, no tanto para la familia, sino para el exterior” en tanto son animales de “protección” con “mucha masa muscular y contextura fuerte”, capaz de interpretar acciones de terceros como una “agresión hacia su grupo”.

A su vez, un guardia de seguridad del barrio cerrado relató durante las audiencias que tuvo que treparse a un poste de luz para evitar una agresión de los dos perros sueltos, que se habían escapado a los saltos del domicilio de su dueña. También otros testigos exhibieron los ataques que sufrieron sus mascotas mientras las paseaban por el country de Carlos Paz.

La confirmación del fallo de primera instancia salió por mayoría con las firmas de Simes y Sánchez Torres, cada uno por su voto. Simes, para el caso, al momento de fundar su decisión dijo: “De la prueba rendida se desprende (...) que, pese a que los perros hayan recibido entrenamiento y obedezcan a su dueña, cabe la posibilidad de que al sentirse amenazados puedan atacar otros animales (lo que efectivamente aconteció conforme fue acreditado en autos), e incluso a seres humanos (como indicó el perito veterinario)”.

“Asimismo -continuó el juez Simes-, más allá de los cerramientos del inmueble de la demandada, también surge que en más de una oportunidad los perros se escaparon, cuestión admitida por la propia accionada y que pese a las refacciones realizadas en el inmueble siempre está latente la posibilidad que los perros se escapen por el portón cuando éste quede abierto”.

Luego precisó: “Se trata de un barrio cerrado, residencial, donde habitan muchas familias con niños para quienes el ataque de un perro o un tarascón puede ser letal o representar un daño de gran magnitud. Aun cuando no se ha probado que los perros de la demandada hubieran efectivamente atacado a un ser humano, la posibilidad fue apuntada por el perito. Igualmente, pudiera acontecer que sufrieran daños colateralmente si los perros atacaran otro animal (cuestión que sí se ha probado)”.

Por otro lado, su colega Sánchez Torres destacó que la prueba testimonial puso en evidencia “diversas agresiones” de los perros de la demandada “para con otros perros de vecinos”, y señaló que el reglamento del barrio prohíbe tener “animales peligrosos”. “Los diversos testigos que han declarado ponen de manifiesto que en el barrio se ha generado una sensación de temor, incertidumbre, limitándose al no transitar por el inmueble de la demandada”, señaló el juez.

Además afirmó: “A esta altura, puede ilustrarse con la declaración de quien tuvo a su cargo la empresa de seguridad del barrio, quien al declarar relata que recibió aproximadamente 10 llamadas de vecinos quejándose por los perros de la demandada que se habían escapado, habiendo observado por las cámaras de seguridad el ataque que vivió la hija -de una de las propietarias- y un guardia de seguridad que debió subirse al pilar de la luz porque era amenazado por los animales de propiedad de la demandada”.

A su turno, el juez Zarza se expidió en disidencia al evaluar que, luego de iniciada la acción preventiva, la demandada “tomó las medidas de seguridad y prevención que le fueron sugeridas por los técnicos”, tales como el cercado del inmueble con alambrado y la construcción de un muro de hormigón de dos metros de altura. También subrayó que desde entonces no se habían registrado nuevas situaciones de peligro.