En pleno receso por la feria de verano y luego de los tironeos por los datos de unos 400 empleados, la fiscal Betina Lacki citó a declarar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense, Eduardo Vito Resiglione, quien había cuestionado un pedido de la fiscal argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado. El funcionario deberá presentarse este miércoles a las 11 de la mañana en la sede de la Fiscalía 2 de La Plata, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
El 4 de enero, la Cámara de Diputados bonaerense había aportado un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.
Son 8 carillas donde figura el nombre y apellido de cada uno, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen. Figuran todos empleados de la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de planta temporaria, desde enero de 2021.
El listado acompañaba una nota de 11 carillas firmada por Resiglione, a cargo de la Dirección de Legal y Técnica, donde aseguraba que el pedido de la fiscal “no se corresponde con los hechos que son objeto de investigación”, que comenzó en septiembre con la detención de Rigau y luego derivó en el arresto de Facundo y Claudio Albini.
Además, sostenía que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado” y “que resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento”. Dicho de otra manera, el pedido de la fiscal sería “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
La fiscal venía reclamando la información desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos. La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía a entregar los nombres argumentando que se trata de datos personales. Finalmente, el 28 de diciembre, Lacki amenazó con allanar la Cámara de Diputados. “La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, escribió la fiscal en ese momento.
La respuesta aterrizó en Tribunales el 4 de enero aunque trascendió recién la semana pasada.
Pero la fiscal va por más. Ahora le pidió a las autoridades que informen los domicilios “que obren en ese organismo de las personas informadas como personal de la Secretaría Administrativa” y que detallen los cargos de cada uno, un primer paso para ordenar allanamientos o citarlos a declarar.
Además, convocó al Director de Legal y Técnica para interrogarlo sobre los empleados y el proceso de contratación.
Mientras avanza con los contratos de Diputados, la fiscal Lacki apuntó a otro circuito de recaudación que funcionaba en el Senado bonaerense. Ya tiene los datos y la dirección de 39 personas (21 hombres y 18 mujeres) que fueron identificadas por el Banco Provincia tras un análisis de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos que frecuentaba “Chocolate” Rigau. Las imágenes revelaron que el puntero del PJ se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.
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