La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar una queja de la defensa contra la decisión que declaró improcedente por extemporánea la recusación contra el juez Daniel Omar Gutiérrez, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de San Martín, quien intervendrá de manera unipersonal en el juicio oral por las amenazas que recibiera la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky declararon improcedente por extemporáneo el planteo de la defensa y también la queja por casación denegada contra esa decisión.
En la causa se investigan las amenazas que habría recibido la titular del juzgado federal 1 de San Isidro, mediante comunicación telefónica y de forma anónima, con el propósito de coaccionarla y así obtener una medida o concesión relativa a sus funciones judiciales.
Todo ocurrió en abril del 2018. “Este es un mensaje de Gustavo Sancho y la familia. Dígale a la doctora que esto no da para más: o liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a (Alberto) Nisman y a sus hijas como a Candela (Sol Rodriguez)”, decía uno de los ochos mensajes que llegaron a teléfonos fijos del Juzgado Federal N° de San Isidro, a cargo de Arroyo Salgado, madre de los hijos del fiscal Alberto Nisman.
Nisman estaba a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA hasta que fue encontrado, con un tiro en la cabeza, el 18 de enero de 2015, en el baño de su departamento, unos días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes prófugos en el atentado que voló la mutual judía el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas.
El mensaje incluía el nombre de Gustavo Sancho, un hombre al que la jueza había investigado por narcotráfico y había sido mencionado en la causa por el crimen de Candela Rodríguez, la nena que había sido secuestrada y asesinada en 2011 en un crimen que sacudió a la política bonaerense y conmovió a la sociedad. Según la justicia, el móvil del secuestro de la menor fue un “ajuste de cuentas contra el padre (de Candela), por algún ilícito que este cometiera”.
Los llamados recibidos por Arroyo fueron denunciados penalmente y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el juez federal Lino Mirabelli lograron identificar a un sospechoso por esos llamados: José Damián Sofía, un hombre de la zona oeste implicado en el brutal homicidio de Christian “Gordo Tita” Quinteros, a quien torturaron ferozmente. Un mes después fue ejecutada su esposa, Anabella Blumetti.
Según la acusación, “el Tano” Sofía no solo amenazó a la jueza para que liberaran a Sancho sino que también buscó complicar a viejos enemigos. La jueza terminó alejándose de la causa contra Sancho. La justicia llegó a Sofía casi cuatro años después de las amenazas. Ahora irá a juicio. Lo acusan de “coacción doblemente agravada por resultar anónima y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de éste una medida o concesión”.
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