“Muerte al espía del pabellón 9″: el extraño mensaje en la cárcel para el ex policía preso por espionaje ilegal

El mensaje quedó sellado en la pared de un pasillo cercano a la enfermería de la cárcel de Marcos Paz, a más de un metro de altura. Estaba escrito con tinta de birome azul, ocupaba menos de 4 centímetros y tenía apenas seis palabras: “Muerte al espía del pabellón 9″. Ariel Zanchetta, el ex policía preso en ese penal por el espionaje ilegal a jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py, denunció las amenazas, pidió seguridad para su familia y dijo que tendría “pinchado” el teléfono, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La presentación fue hecha este lunes ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que ordenó su detención en junio pasado en la causa que investiga el hackeo y la creación de líneas telefónicas a distintos jueces. Zanchetta es un ex policía que, para el fiscal Gerardo Pollicita, fue un espía inorgánico de la ex SIDE y de la AFI desde 2009 hasta la actualidad. El acusado negó los cargos y aseguró que investigaba a los jueces porque era periodista. Pero del análisis de sus dispositivos surgió que también tenía archivos de distintos informes y tareas de inteligencia sobre políticos, dirigentes, periodistas y jueces. El fiscal pidió volver a indagarlo y acusó además a tres agentes de la AFI y al ex funcionario de la AFIP y hombre de La Cámpora, Fabián Nestor “Conu” Rodríguez, por estar vinculados con estas maniobras.

Hasta ahora, Zanchetta mantuvo silencio. Solo había solicitado apenas llegó a prisión un habeas corpus preventivo por su estado de salud ya que es diabético y no había recibido a tiempo su medicación. Pero en las últimas horas, le dijo a la revista Noticias que estaba mal, que lo tenían “abandonado”, que no tenía “medicación”, comía mal y nadie respondía. “Estos hijos de puta me quieren matar”, afirmó.

Ahora, su abogado, Fernando Scanavino, se presentó ante el juez en su carácter de defensor de Sanchetta (sic) diciendo: “Denuncio amenazas. Se investiguen hechos urgentes”. De acuerdo a esa presentación, el abogado oriundo de Junín informó que “una situación anómala y peligrosa” que vivió su cliente este lunes en el penal donde está alojado.

Dijo que todo ocurrió cuando estaba “en un cuarto contiguo al pabellón noveno” luego de transitar el pasillo en donde está la guardia de requisa y que se utiliza como antesala de enfermería. Escrito en la pared se leía “muerte al espía del pabellón 9″.

Sumó otro ingrediente: “Por expresa indicación de mi defendido y por comunicación de la señora de éste, me informan que existen interferencias en las comunicaciones y llamadas donde se escuchan no solamente ruidos sino voces ajenas y extrañas”, aseguró.

En el mismo escrito, el abogado aseguró que aún no había tomado conocimiento del dictamen que había presentado el viernes pasado la fiscalía y que “esas filtraciones ponen en peligro no solamente la vida de mi defendido, su buen nombre y honor, afectando el principio de inocencia y debido proceso”. “Ante esa situación y con lo que conlleva y presupone dicha amenaza, sumado a la divulgación de dicho dictamen, solicito se investigue el hecho, se extremen las medidas que aseguren su integridad física y su propia vida”, señaló el escrito

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que, recibida la denuncia, el juez Martínez De Giorgi ordenó al Servicio Penitenciario Federal extremar las medidas de seguridad sobre Zanchetta, mientras que extrajo testimonios para que se investiguen, en el marco de otro expediente, las amenazas denunciadas. “Considerando que de lo expuesto por la defensa de Ariel Pedro Zanchetta se advertiría la posible comisión de un delito de acción pública, remítanse testimonios a la justicia penal ordinaria en turno y con la jurisdicción que corresponda”, señaló en su resolución.

La figura de Zanchetta, preso por el espionaje a un grupo de jueces claves de la Corte Suprema y Comodoro Py, destapó una vez más el submundo de la inteligencia ilegal: seguimientos, hackeos, informantes o partes sobre actividades y vida privada, que -en algunos casos- se disimulan en notas periodísticas armadas y derivan en denuncias judiciales.

El nombre de Zanchetta apareció en los medios el 27 de junio pasado cuando Infobae reveló que el juez Marcelo Martínez De Giorgi había ordenado la detención de cuatro personas, entre ellas el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y el propio Zanchetta, por las maniobras para intrusar los celulares de un grupo de jueces. Zanchetta quedó comprometido porque el mismo día en que hackearon al juez Mariano Borinsky lo buscó en la base SudamericaData. Ese día, 8 de septiembre, también hackearon Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que en ese momento juzgaba a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, de Casación, también hackeado; y de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal.

Solo en 2022, en ese portal, hizo 2.157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema. La lista de esos “buscados” también fue revelada por Infobae, en donde el foco estuvo puesto en los funcionarios del Poder Judicial. Los interrogantes sobre los momentos y las razones en que se activaron esas búsquedas aún aguardan respuestas. Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se presentó como querellante porque lo buscaron 13 veces y poco después una publicación en un diario sobre él sirvió para motorizar desde el Gobierno un intento de recusación contra el magistrado en la causa por la “copartipación” con Ciudad de Buenos Aires.

Zanchetta trabajó en la Policía Federal, se retiró en 2013 con el grado de sargento primero. Su tarea, en Junín, era hacer “relaciones públicas: hablaba con funcionarios públicos, entablaba las conversaciones con los juzgados provinciales y el juzgado federal de Junín”, le dijo al juez en su indagatoria. Decía ser periodista. “No tengo contacto con servicios de inteligencia u otro organismo gubernamental”, le aseguró al juez.

Pero para el fiscal Gerardo Pollicita es una pieza de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —jueces, políticos, periodistas, empresarios, dirigentes, entre otros— y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia,la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación subrepticia de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos públicas y a correspondencia privada y la divulgación de esos datos.

Según dijo en el dictamen del viernes pasado, Zanchetta trabajaba para tres agentes de la AFI desde 2009, cuyos nombres se mantienen bajo reserva por la ley de inteligencia. También respondía a las órdenes de “Conu” Rodriguez, que le pagaba a través de pauta publicitaria del gobierno bonaerense. Por eso no solo pidió volver a indagar a Zanchetta sino interrogar a Rodríguez y a los espías.