La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso presentado por el representante legal de la Asociación Civil Republicana para la Justicia, en el marco de la denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el hecho conocido públicamente como la “Fiesta de Olivos”. Con esto, la causa se apresta a cerrarse: era la respuesta que esperaba el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para dictar el sobreseimiento del jefe de Estado.
Fernando Irazu, representante de dicha asociación, se presentó como particular ofendido y denunció penalmente al Presidente, por considerarlo responsable de los delitos contra la salud pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario en el contexto de las obligaciones impuestas durante el Aislamiento y/o Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dictadas por el propio Fernández a través de sucesivos decretos de necesidad y urgencia.
En las distintas instancias, se le negó a Irazu su carácter de querellante. El caso llegó así hasta la Corte, que con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó su presentación. Había otros planteos de pretendidos querellantes que correrían la misma suerte, con esta resolución de la Corte.
Fabiola Yáñez y su pareja, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvieron en la quinta presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020 festejando el cumpleaños de la Primera Dama, cuando estaban prohibidas las reuniones y el aislamiento era la única manera de prevenir los contagios mortales de COVID-19. Por aquel entonces, solo se podía circular con permisos especiales, algo de lo que carecía buena parte de los que asistieron al festejo organizado por la pareja del jefe de Estado. El presidente, mediante un DNU, había ordenado el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para evitar los contagios.
Las imágenes de esa fiesta se conocieron un año después y derivaron en una causa judicial que comenzó en los tribunales de Comodoro Py 2002 y se quedaron en los de San Isidro. Los imputados fueron Fernández, Yañez, Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra y Federico Abraham.
Todos fueron imputados en la causa y el Presidente y su pareja formularon un acuerdo de reparación integral del daño causado que fue aceptado por el fiscal de la causa Fernando Domínguez y homologado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. Fernández se comprometió a pagar 1,6 millones de pesos en concepto de reparación del daño y de hecho ya depositó el dinero en el Hospital Malbrán. Su pareja, la cumpleañera del festejo, también depositó lo acordado: 1,4 millones de pesos. El resto de los imputados también realizó acuerdos para reparar el daño. Todos fueron homologados. Pero aún no se cierra la causa: un recurso de un pretenso querellante llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A tres años de la Fiesta en Olivos, la causa casi no tiene movimientos. El Presidente no quiere abandonar la Casa Rosada sin el sobreseimiento, pero en la intimidad conoce los tiempos judiciales, mucho más en un año electoral.
“Lo que pasa es que es un año electoral y lamentablemente nuestra Justicia es muy permeable a todo eso. En otras causas, por la misma falta, los sobreseimientos han salido en forma inmediata. En este caso pareciera como que existiera una mano negra que pide que esto no se termine más, y se siga dilatando en el tiempo”, opinó Juan Fioribello, representante de Fabiola Yañez.
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