La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que se estableció dese mayo. Los cuatro jueces del máximo tribunal plantearon que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
El oficio firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue enviado al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, compañero en la fórmula presidencial con el ministro de Economía, Sergio Massa, en un contexto especial. Fue ayer, el mismo día que la Corte Suprema ordenó que Ana María Figueroa deje de ser jueza de la Cámara Federal de Casación Penal por haber cumplido 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para continuar en el cargo.
El oficialismo quería que Figueroa continúe en el cargo. Le había pedido al Senado que extendiera por cinco años su permanencia en el cargo. Pero el kirchnerismo no consiguió el quorum para sesionar y buscaba que Figueroa continuara en el cargo hasta que se destrabara la cuestión. La Corte dijo que la Constitución es clara y que sin el nuevo acuerdo debe retirarse.
La Corte Suprema exigió nuevamente los fondos para afrontar el aumento de salarios, lo que ya había reclamado. “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de reiterar el pedido formulado en la nota del pasado 29 de agosto mediante la cual se le solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 1° de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación como parte de la política salarial del corriente año”, señala el oficio que el máximo tribunal le envió a Rossi y al que accedió Infobae.
La falta de respuestas hizo que el gremio de empleados judiciales que conduce Julio Piumato tome medidas. Ayer realizó un paro de 24 horas y mañana repetirá la medida si el aumento no se paga. La decisión del gremio es “ante el retraso de la Jefatura de Gabinete que demora lo acordado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional para el tercer tramo de recomposición salarial 2023″.
En su reclamo al gobierno, la Corte resaltó que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”. Y reclamaron “una urgente respuesta al pedido realizado”.
El pedido de la Corte contó con el apoyo de la Lista Bordó, una de las agrupaciones políticas del mundo judicial que preside la Asociación de Magistrados. “El Poder Judicial no debe encontrarse sujeto a intromisiones de los otros poderes del Estado en la administración de recursos propios. El desarrollo de los sucesos nos permite pensar, muy razonadamente, en que la situación se vuelve a imprimir en el marco de las hostilidades que se le dirigen, sin pausa, a la jurisdicción judicial”, sostuvo en un comunicado.
No es la primera vez en el año que hay disputas entre la Corte y el gobierno por los fondos para el pago de aumentos. Lo mismo ocurrió en mayo para los incrementos de los primeros meses del año. Entonces Rossi rechazó el pedido. “La coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar”, respondió entonces Rossi y le pidió a la Corte que afronte el pago con fondos propios como por ejemplo con los 151.711 millones de pesos que el máximo tribunal tiene en cuentas bancarias y plazos fijos.
La pelea generó un intercambio de oficios y respuestas que finalmente se destrabó y se obtuvieron los fondos para el pago de los aumentos.
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