La Corte Suprema de Justicia de la Nación —con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— rechazó planteos de Lázaro y Martín Báez, además de Daniel Pérez Gadín, en el marco la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión y a las firmas Austral Construcciones y Top Air a pagar una multa por dos veces el monto de las operaciones en las que intervinieron. En febrero de este año, la Sala IV de la Cámara de Casación redujo la condena del amigo de Néstor Kirchner de 12 a 10 años de prisión y ratificó multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares.
Báez, en calidad de accionista de las empresas, apeló esa última sanción económica y solicitó la suspensión del plazo de “término de oficina” —previsto en el artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación— otorgado a las partes hasta tanto no se cumpla la notificación y citación de las personas jurídicas en el proceso. En ese sentido, la defensa del empresario alegó que la multa fue impuesta de modo sorpresivo porque no fueron partes imputadas en el proceso, ni contaron con asistencia letrada.
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La Sala IV de Casación dispuso estar a la fecha de vencimiento del “término de oficina” fijada en la última de las prórrogas concedidas y tener presente para su oportunidad la presentación efectuada por Báez. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de reposición, que fue rechazado.
Ahora el Máximo Tribunal desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva o equiparable.
En otro expediente de la misma causa, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó la reposición planteada por la defensa de Báez contra la resolución que denegó una serie de medidas propuestas por la defensa para la realización del juicio oral.
La Sala IV tampoco hizo lugar a ese pedido por considerar que la decisión recurrida no es una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Llegado el caso hasta la Corte, el tribunal desestimó el planteo por incumplimiento de los recaudos previstos en los artículos 4 y 7, inciso “c”, de la Acordada 4/2007.
En tanto, la defensa de Martín Báez apeló la decisión del TOF 4 que decretó su prisión preventiva.
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Tras ser condenado a nueve años de prisión (luego se redujo a 6 años y 6 meses), la defensa apeló la decisión del tribunal oral que le fijó al hijo mayor de Báez una caución real en 50 millones de pesos como garantía para su arresto domiciliario. Ambos planteos fueron rechazados por la Sala IV de la Cámara de Casación. Y ahora el Máximo Tribunal desestimó los planteos por incumplimiento de los recaudos previstos en la Acordada 4/2007.
En otro expediente de la misma causa, la defensa de Daniel Pérez Gadin apeló la decisión que rechazó su pedido de excarcelación, planteó que también fue rechazado por la Corte Suprema.
Esta causa ya no tiene detenidos. Lázaro Báez está en prisión domiciliaria por otra investigación que aún no llegó a juicio.
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