De qué está acusado el juez Walter Bento y cuáles son las pruebas en su contra: chats, audios y videos

El juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento arrancó la semana pasada con la lectura de la acusación en su contra. Se espera que ese trámite, por momentos tedioso, termine recién la semana próxima para dar lugar a las indagatorias. Además de Bento, están siendo juzgadas otras 28 personas (14 están presas), aunque una de ellas, Juan Aliaga, llegó a un acuerdo el viernes pasado con la Fiscalía y el tribunal para suspender el debate en su contra, a cambio de donaciones, trabajo gratuito y reglas de conducta.

La acusación principal contra Bento es que otorgaba beneficios procesales —libertades o morigeraciones en el marco de un proceso— a cambio de sobornos que consistían en sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles (particularmente automóviles).

En la mayoría de los casos Bento no habría operado solo. De acuerdo a la acusación, articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga —padre de Juan Ignacio—, con quienes gestionaba para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza. De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.

Los abogados obtenían beneficios insólitos para el fuero federal. Por ejemplo, Luciano Ortego consiguió nueve decisiones favorables en un lapso de 28 meses, entre 2018 y 2020.

Pero también hay casos en los que Bento “actuó ilícitamente en solitario o por fuera de la banda valiéndose de su rol y pidiendo directamente sobornos para conceder beneficios ilícitos”, dice el requerimiento de elevación a juicio, de más de 600 carillas. Y agrega: “En estos supuestos el pago podía adoptar distintas formas: así, por ejemplo, se ha probado que el Magistrado se quedaba con una parte del porcentaje del dinero obtenido mediante operaciones ilícitas para garantizar impunidad a los sobornadores como ocurre en el caso NUEVE relacionado con delitos de lavado de activos y contrabando de divisas”.

La investigación registró distintas modalidades para el pago de las coimas: 1) en algunas oportunidades el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros; 2) en otros casos tanto los organizadores y miembros (separadamente o en forma sucesiva) se contactaban con familiares de las personas detenidas para sumar presión a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio de la decisión espuria (en ese contexto, la banda buscaba entrar en contacto con las parejas de los detenidos, para sumar presión); 3) en otros casos la presión se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de tener que decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno.

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Hasta ser suspendido, Bento era el titular del juzgado federal 1 de Mendoza, con competencia electoral. Por su juzgado pasaban causas contra el crimen organizado pero también el control de las elecciones presidenciales en Mendoza. Católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos, Bento fue nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. En 2011 ordenó un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín. En aquel momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimada, con el aval del kirchnerismo.

Bento ahora está acusado de ser el líder de la asociación ilícita. “Se ha comprobado que la banda investigada giraba en torno a la actividad judicial por lo que resulta lógico que su jefe sea un juez, o sea quien ostenta el poder de paralizar una investigación en curso o, una vez iniciada, de conceder los beneficios espurios pactados con los sobornadores en los expedientes radicados en el Juzgado a su cargo”, dice la acusación.

Los otros acusados

La acusación formulada por el fiscal Dante Vega y sus colegas cotitulares de la PROCELAC, Diego Velasco y Laura Roteta, comprende a:

• Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por cuatro hechos.
• Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho, con relación a su propia intervención como sobornador.
• Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio en calidad de autor (arregló a un acuerdo).
• Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho.
• Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real.
• Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real.
• Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
• Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
• Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho.
• Walter Ricardo Bento Vega: asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
• Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
• Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.
• Marcos Adrián Calderón Devias: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
• Mariano Enrique Castro Hoyos: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
• Leandro Emanuel Cirot Maldonado: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
• Walter Aníbal Costa Sgró: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Enrique de la Cruz Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Jessica Melisa Miere Reyna: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de partícipe primaria.
• Jorge Omar Miranda Anaya: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Juan Carlos Molina Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
• Eugenio Javier Nasi Pereira: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Cristian Oscar Oliva Suárez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Javier Santos Ortega Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Luciano Edgardo Ortego Hernández: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en siete hechos, todos a su vez en concurso real.
• Leopoldo Antonio Ríos Santander: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
• Omar Armando Rodríguez Cichinelli: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• José María Sanguedolce Cadile: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.

Bento está siendo juzgado por delitos que van desde cohecho activo (coimas), lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Al momento de pedir la elevación a juicio, la Fiscalía expuso decenas de diálogos o chats telefónicos intercambiados entre organizadores y miembros de la organización quienes aluden al juez con distintos apodos que denotan esa posición: “número 1″, “gran jefe”, “jefe de los buscas” o “rey de reyes”.

Fue un asesinato salpicado de narcotráfico lo que se convirtió en la punta del ovillo para llegar a Bento. En marzo de 2020, a inicios de la pandemia, fue detenido el “financista” Walter Bardinella Donoso (40), que estaba prófugo acusado del transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), un ex despachante de Aduana que se convirtió en informante de la policía y que le decía a sus contactos que en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

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En una de las conversaciones, Bardinella y Luciano Ortego hacen referencia permanentemente al Bento, a quien mencionan como “Gran jefe” o “número uno” y enfatizan la necesidad de que esté presente en el trámite de la causa: Ortego le dice a Bardinella que “el uno vuelve el dos de enero”, lo que coincide con la licencia que se se había tomado el juez.

En el mismo sentido hay otro mensaje de Ortego a Bardinella más elocuente: “En la habilitación de la feria va a estar el Gran Jefe”. Y además le advierte que “Gran Jefe está en todo”.

En el expediente también hay videos que grababa Diego Aliaga con un teléfono. La acusación destaca uno en particular porque refuerza la relación entre Bento y Jaime Alba, algo que el juez siempre intentó desconocer.

Según un análisis de teléfonos de Aliaga, se encontraron los 275 contactos con Bento vía Telegram en un lapso de siete meses. La fiscalía subrayó que Bento no entregó su equipo y remarcó que el juez “alcanzó a borrar cincuenta de sus contactos antes de que la Policía evitara esa maniobra, entre ellos seguramente el de Diego Aliaga”.

El juicio arrancó esta semana pero se espera un proceso muy largo. Durante las tres primeras jornadas de la semana pasada se leyó la elevación a juicio. Esta semana habrá un receso. Y está previsto que ese trámite de la lectura se extienda por dos jornadas más de la semana próxima. Recién en la sexta audiencia, prevista para el viernes 11, podrían comenzar a declarar los acusados.

Por ese motivo, el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías, pidió que se acelere la lectura. “Sería oportuno avanzar al juicio, que el fiscal seleccione qué quiere que se lea y librarnos, porque no estamos cómodos a veces”, afirmó el letrado. Sin embargo, la presidenta del tribunal resolvió finalmente que se continuará con una lectura abreviada. “Vamos a omitir dos autos de elevación a juicio y en una de esas en la quinta jornada terminaríamos, y en la sexta se comenzaría con el debate”, dijo.

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La defensa de Bento, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, ya dijo que su cliente está deseoso de poder hablar en el debate. Se descuenta que acusará al fiscal que llevó adelante la investigación, Dante Vega, como ya lo hizo en escritos y en el Consejo de la Magistratura.

En el juicio oral se juzgarán un total de quince hechos.

Además, Bento deberá enfrentar un juicio político. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

La Constitución Nacional establece que el Jurado tiene 180 días hábiles para procesar desde que recibe la causa. Ese plazo vence a fines de noviembre. Si para ese momento, el juicio no culminó, Bento será repuesto en su cargo. Es probable que por la dimensión que tiene la causa, no llegue a terminarse en ese plazo. Y allí, de ser así, se abrirá entonces otro intenso debate.

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