El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza decidió este viernes dejar afuera del juicio oral que comenzó esta semana contra el juez Walter Bento - y otra treintena de personas - a Juan Ignacio Aliaga, hijo del despachante de aduana Diego Aliaga, asesinado en 2020 y pieza clave en la acusación por asociación ilícita, prevaricato, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Es que finalmente la fiscalía, la defensa y el tribunal avanzaron en la suspensión de juicio a prueba para que el joven cumpla con la justicia a través de una serie de pautas ya que no tiene antecedentes.
Aliaga hijo estaba acusado de falso testimonio. Había dicho que no sabía de los vínculos de su padre con la presunta banda sentada en el banquillo, pero se detectó que era mentira. La defensa oficial de Aliaga, a cargo de Esteban Chervin, sostuvo que su cliente, de ser encontrado culpable, podía acceder a la suspensión de juicio a prueba porque la pena seria de ejecución condicional, el joven no tenía antecedentes y había intencionalidad de reparar el daño provocado.
Fue la propia jueza del TOF la que anunció que uno de los sentados en el banquillo dejaría el proceso tras el acuerdo alcanzado en las últimas horas. Aliaga “ya ha sido autorizado a no venir en el día de hoy y en adelante, a las audiencias que se van a realizar. Le hemos dado conformidad a la suspensión”, dijo la magistrada. Ayer, jueves, el joven denunció en el medio de la audiencia que había sido amenazado en un intervalo del primer día de juicio en un cuarto intermedio.
Según trascendió, el joven deberá ahora fijar residencia y avisar cualquier modificación al tribunal, presentarse mensualmente en la sede de la Dirección de Promoción del Liberado, realizar durante ocho horas mensuales en favor del Estado durante un año en una institución de bien público y concretar también durante un año, una vez al mes, una donación obligatoria por una suma que no sea menor a “10 kilogramos de leche maternizada de primera marca por mes”.
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El joven, sin embargo, no quedará afuera del debate. La fiscalía espera su declaración cuando comiencen a desfilar los testigos convocados en lo que se aventura será un largo proceso.
El juicio comenzó el miércoles pasado en los tribunales de Mendoza. En el banquillo está sentado el suspendido juez federal de la provincia Walter Bento, quien en paralelo enfrentará un jury de enjuiciamiento ordenado por el Consejo de la Magistratura. También están acusados en el debate su esposa y sus hijos, además de policías, abogados y narcos. La causa investiga si Bento fue el jefe de una asociación ilícita que firmaba fallos a cambio de coimas pagadas por imputados para beneficiarlos.
Según la fiscalía, el juez otorgaba beneficios procesales -desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso- a cambio de sobornos que consistían -entre otras prestaciones- en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses. Pero Bento no habría operado solo. De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga -padre de Juan Ignacio-, con quienes gestionaba para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza.
Durante las tres jornadas de audiencia de esta semana se leyó la elevación a juicio. Está previsto que se extienda por dos jornadas más. Recién en la sexta audiencia podrían comenzar a preguntársele a los acusados si quieren declarar. Hay una treintena de imputados. La defensa de Bento, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, ya dijo que su cliente está deseoso de poder hablar en el debate. Se descuenta que acusará al fiscal que llevó adelante la investigación, Dante Vega, como ya lo hizo en escritos y en el Consejo de la Magistratura. La semana próxima no habrá audiencias. El debate se reanudará la segunda semana de agosto.
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