Seis de cada diez personas tuvieron un problema legal en los últimos dos años. El abanico de conflictos suscitados durante ese período fue amplio, pero el que más sobresalió estuvo vinculado -en un 24% de los casos- a temáticas familiares como divorcios, cuotas alimentarias o responsabilidad parental. A su vez, las personas en situación de indigencia -cuya alimentación básica no está garantizada- tuvo casi 22% menos de probabilidades de acceso a la justicia que el sector “no pobre” del país, según un reciente informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Los datos surgen del documento “Justicia y Desarrollo Sostenible: El Testeo del indicador global de acceso a justicia en el marco de una encuesta nacional de pobreza”, que analiza diferentes aristas de un fenómeno social: el acceso a la justicia civil entendida en sentido amplio, es decir, cuántas personas y quiénes -de qué sectores económicos- pudieron recurrir a distintos tipos de mecanismos de resolución de conflictos frente a sus problemas legales, ya sea en sedes institucionales o en sitios informales de la sociedad.
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El estudio alcanzó 5740 casos, abarcó los principales aglomerados urbanos del país y se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2022. En ese marco se inscribe un número: seis de cada diez personas de la población urbana sufrieron un conflicto legal -no penal- en los últimos dos años y accedieron a un mecanismo de solución de controversias, ya sea formal -en la justicia- o informal -a través de algún referente religioso, político o comunitario.
Del total de esas controversias registradas, el 24% estuvo representado por “rupturas familiares”, bajo las cuales se engloban disputas asociadas a divorcios, herencias, responsabilidad parental o cuotas alimentarias. El 11% fueron “cuestiones laborales” como despidos injustos, trabajo en negro o faltas de pago. En tanto que un 4% alegó problemas o disputas por “deudas de dinero” y un 3% “cuestiones ambientales en su zona de residencia”.
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El documento estuvo a cargo del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, bajo la dirección de Nora C. Luzi, Coordinadora de Gobernabilidad Democrática, y de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Fue realizado bajo el propósito de medir la vinculación entre el acceso a justicia y la pobreza a nivel nacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un esquema de 17 objetivos con metas e indicadores globales establecidos internacionalmente con la finalidad de trabajar en temas de diversa índole como el cambio climático, la desigualdad y las instituciones sólidas.
“Este trabajo constituye el primer testeo de acceso a justicia en materia no penal en un contexto nacional. Creemos que es un aporte importante para la Argentina, porque es fundamental tener criterios objetivos que nos ayuden a comprender el fenómeno y medir de alguna forma los avances en cada uno de los ODS”, dijo Nora Luzi al momento de presentar la semana pasada el reporte frente a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otras áreas del poder ejecutivo nacional, académicos y representantes del sistema de las Naciones Unidas. “Lo que es un instrumento de medición se constituye en un instrumento de acción y de transformación. Ayuda a la sociedad a reconocer sus problemas y sus derechos”, agregó luego Agustín Salvia.
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Otro de los números que se destacaron en el informe de 81 páginas -que disgregó la información según distintas categorías como la formación académica, situación económica, edad, entre otras-, tiene que ver con la brecha que se evidencia al entrecruzar datos entre el acceso a justicia y las condiciones de pobreza e indigencia. En esa línea, el “no pobre” pudo recurrir a algún mecanismo de resolución de sus problemas legales en un 61,3% de los casos, mientras que el “indigente” accedió casi un 22% menos, con 42,9% de los casos.
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