El juez federal Germán Castelli volvió a pedir hoy que se suspenda el concurso público que abrió el Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir su cargo en el Tribunal Oral Federal 7 que tiene que juzgar el caso de los llamados “cuadernos de la corrupción”. La Corte Suprema había avalado el procedimiento porque el traslado del magistrado no es permanente.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que esta mañana Castelli fue recibido por Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo. El magistrado le había pedido la semana pasada “con carácter de urgente una audiencia personal” con el presidente del Consejo, Horacio Rosatti, o con su vicepresidenta.
La reunión, que duró cerca de 40 minutos, se realizó en la sede del Consejo y allí Castelli pidió que el concurso sea suspendido porque fue convocado cuando están pendientes de resolución una serie de planteos de nulidad que realizó. El juez también señaló que inició una causa penal por presunta falsedad ideológica en la confirmación de los jurado sorteados para el concurso. Castelli pidió que todos sus planteos sean analizados por la comisión de Labor del Consejo, que es el ámbito donde se reúnen todos los consejeros además del plenario.
La respuesta de Díaz Cordero fue que los pedidos iban a hacer analizados. Castelli también le reiteró que tiene presentada una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino y que si el concurso avanza tal como está no se presentará.
La discusión gira en torno a la decisión que tomó la semana pasada el Consejo de avanzar con el concurso 479 para cubrir la vacante de Castelli luego del fallo de la Corte Suprema sobre su traslado. El organismo fijó la fecha para que los interesados se inscriban y para el examen escrito.
Ese lugar es clave. Se trata de uno de los cargos en el tribunal 7 que tiene la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción”. La mega causa de corrupción por el caso de coimas de empresarios de la construcción a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Son siete expedientes que tienen más de 100 imputados, 30 de ellos que declararon como arrepentidos. El caso está en la etapa de análisis de la prueba y todavía sin fecha de juicio oral. Los otros dos jueces del TOF 7 son Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.
Castelli fue designado juez de un Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y durante el gobierno de Macri fue trasladado a TOF 7 de Comodoro Py. También otros magistrados fueron desplazados a distintos cargos. Se trata de un mecanismo excepcional que el Consejo de la Magistratura siempre aplicó. Los casos más resonantes fueron los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal clave porque por allí pasan todas las causas de corrupción.
Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación buscó anular esos traslados. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, planteó que fueron nombramientos definitivos que no cumplían con los requisitos que fija la Constitución Nacional de llamado a concurso y designación del Senado.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli iniciaron causas judiciales para defender sus traslados. La Corte Suprema primero resolvió en el caso de Bruglia y Bertuzzi y dijo que los traslados no eran definitivos sino que se mantenían hasta tanto se haga el proceso de selección que fija la Constitución. Así, el Consejo abrió el concurso para reemplazar a los dos camaristas y que ya está terminado.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema tomó la misma decisión sobre el caso de Castelli y ahora el Consejo avanzará en su cobertura.
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