El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación ya comenzó a organizar lo que será el juicio político por presunto mal desempeño a Walter Bento, el juez federal de Mendoza que la semana pasada el Consejo de la Magistratura de la Nación envió a esa etapa y suspendió en el cargo. Bento será el vigesimoquinto (25) juez federal o nacional en afrontar un jury desde 2000, cuando se realizó el primer proceso. Y la estadística no es favorable: el 71 por ciento de los magistrados fue destituido.
Y además Bento será el cuarto juez mendocino en estar en esa circunstancia. Los anteriores, Otilio Roque Romano, Luis Miret y Luis Leiva, fueron removidos de su función. El destino une a varios de esos magistrados. Bento fue quien reemplazó a Leiva en el juzgado federal 1 de Mendoza después de su destitución. Y también quien investigó penalmente a Miret, lo que derivó después en su acusación de juicio político.
El Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura fueron creados con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Comenzaron a funcionar cuatro años después. El Consejo, entre otras funciones, investiga el desempeño de los jueces nacionales y federales y los envía a juicio político en caso que considere que cometieron mal desempeño. El juicio está a cargo del Jurado de Enjuiciamiento.
El primer caso que recibió el Jurado fue el de Hermes Brusa, ex juez federal de Santa Fe. Brusa fue destituido en marzo de 2000 por haber sido cómplice de la última dictadura miliar y luego condenado penalmente por esos hechos. El último fue el integrante de la Cámara Federal de Comodoro Py Eduardo Freiler que fue removido del cargo en noviembre de 2017 por no poder justificar su patrimonio.
En total, el Jurado realizó 23 juicio políticos en los que juzgó a 24 magistrados (en uno fueron acusados dos, los entonces integrantes de la Cámara Federal de Resistencia Tomás Inda y María Beatriz Fernández), según la estadística del tribunal a la que accedió Infobae. El 71 por ciento de los magistrados (17) fue removido del cargo por mal desempeño. Y a los siete restantes (el 29 por ciento) se les rechazó la acusación.
El juicio político más trascendente de todos fue el que afrontó Juan José Galeano, ex juez de los tribunales de Comodoro Py, porque se cuestionó cómo llevó adelante la investigación del atentado a la AMIA. Galeano fue destituido en agosto de 2005 y en 2019 fue condenado por un tribunal oral a seis años de prisión, pena que está en revisión.
Los magistrados que pasaron por el Jurado de Enjuiciamiento no fueron los únicos enviados a juicio político. Hubo otros 11 jueces que también llegaron a esa etapa pero que antes que se haga el juicio presentaron sus renuncias que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo. Al perder la calidad de juez se vuelva abstracto el proceso porque se lo juzga por esa función.
Bento fue enviado a juicio político y suspendido en el cargo el miércoles pasado por unanimidad por el Consejo de la Magistratura. Fue por mal desempeño de sus funciones bajo la acusación de que desde su juzgado cometió varios delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas a acusados para beneficiarlos. Por esos hechos, también afronta un juicio oral que comenzará el próximo 26 de julio.
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En la causa penal Bento tiene ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva que no se puede hacer efectiva por los fueros que tiene como juez. Si es destituido los perderá y podrá ser detenido.
Cómo será el juicio político
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Alejandro Piña; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
El primer paso es que juren en el cargo. Lo hicieron el jueves pasado Piña, de la Fuente y Romero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los restantes lo harán a lo largo de la semana.
Con el juez Piña se presenta una situación particular. Es integrante del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que tiene que hacer el juicio a Bento. Pero Piña, como otros jueces federales de la provincia, se excusó de intervenir porque Nahuel Bento -uno de los hijos del magistrado también acusado- trabajó en el tribunal y porque intervino en causas relacionados con el expediente principal.
Así, si sigue la misma línea se podría excusar de intervenir en el juicio político. Si eso ocurre, los restantes integrantes del Jurado de Enjuiciamiento deben aceptar su apartamiento y el reemplazante de Piña será el juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra que fue sorteado como suplente.
Con el tribunal ya integrado se informa a Bento de su composición para eventuales recusaciones y para que designe un abogado defensor que en el Consejo de la Magistratura fue Mariano Cúneo Libarona. Después el juez tiene un plazo de 10 días -que pueden ser prorrogados- para que presente la prueba que quiere que se analice en el juicio, entre ellos los testigos.
Con eso, el Jurado debe resolver qué prueba acepta para debatir en el juicio -un proceso que puede demorar un mes- y después fecha la fecha de inicio. La expectativa, según las fuentes consultadas por este medio, es que comience a fines de octubre o principio de noviembre.
La Constitución Nacional establece que el Jurado tiene 180 días hábiles para hacer el juicio desde que recibe la causa. Ese plazo en el caso de Bento vence a fines de noviembre. Si para esa fecha el proceso no terminó, el caso será archivado y el juez repuesto en su cargo. Nunca ocurrió que un juicio político termine por el vencimiento de ese plazo, le recordó a este medio una fuente judicial.
Los fiscales del juicio serán tres integrantes del Consejo de la Magistratura. El abogado Miguel Piedecasas, el senador radical Eduardo Vischi y la diputada de la UCR Roxana Reyes. Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del Jurado y la decisión no se puede apelar. Sin embargo, varios jueces destituidos lo han hecho ante la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal rechazó los planteos.
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