El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva sobreseyó al ex director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot en una causa por supuestos delitos de lesa humanidad que se inició en 2013.
Con su fallo el magistrado puso fin a un largo proceso en el que el juez Claudio Pontet había dictado la falta de mérito de Massot el 5 de marzo de 2015, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Bahía Blanca el 25 de febrero de 2016. Luego de esos pronunciamientos se sumaron en los últimos 10 años fallos adversos que rechazaron los planteos que intentaron los fiscales intervinientes tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían pedido el procesamiento de Vicente Massot alegando que pertenecía a una presunta asociación ilícita con las autoridades militares del gobierno de facto que tomó el poder en 1976 para desarrollar campañas de acción psicológica. Además la fiscalía pretendía responsabilizar a Massot de ser cómplice en los asesinatos de dos obreros gráficos ocurridos en 1976.
Desde que comenzó la causa, el empresario periodístico denunció que detrás de ese proceso judicial había un objetivo político de quienes lo acusaban con la finalidad de acallar la política editorial del diario que dirigía que era contraria al gobierno kirchnerista desde sus inicios en 2003.
El caso de Vicente Massot, al que se sumaron otras acusaciones contra periodistas y propietarios de medios de comunicación que no eran afines al kirchnerismo, fue interpretado por distintas entidades vinculadas a la defensa de la libertad de prensa tanto nacionales como internacionales como una campaña para silenciar voces disidentes. El defensor particular de Vicente Massot es Juan Félix Marteau, abogado especialista en temas de terrorismo que actuó recientemente en la causa del ataque terrorista de Nueva York en el que fueron asesinados 5 argentinos.
En cuanto a la acusación de la fiscalía que intentó vincular la línea editorial del diario La Nueva Provincia con una supuesta campaña psicológica para favorecer al gobierno militar, el juez federal López Da Silva recordó lo que ya había sostenido la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. El tribunal de alzada remarcó en oportunidad de confirmar la falta de mérito de Massot que “en el caso del diario existían determinadas circunstancias objetivas que daban una buena base para creerse blanco de la subversión, tanto la empresa como su directorio.” Y añadió “no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra subversión”.
El juez López Da Silva remarcó que la tesis del caso parte de la premisa de aseverar que Massot tenía conocimiento de la desaparición forzada de personas, de la existencia de lugares clandestinos de detención, de la simulación de enfrentamientos y de torturas y afirmó “lo cierto es que no se verifica en autos ningún otro elemento probatorio que permita corroborar tales hipótesis.”
El magistrado puso de relieve la imprescindible necesidad de respetar la libertad de prensa al señalar que “no cabe duda que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado y por más objetable que pudiera resultar, lo cierto es que no corresponde juzgar el pensamiento político.” Y agregó “una convicción ideológica (…) no convierte per se (a Massot) en partícipe o instigador de delitos.”
En su fallo el juez federal López Da Silva destacó que “el apoyo irrestricto del diario a las acciones llevadas a cabo contra la subversión, se refieren a acciones legales y no se advierten en los editoriales transcriptos por la Fiscalía Federal, ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas.”
El magistrado recordó que la llamada “lucha contra la subversión” contó con un marco jurídico que en la época en que se desarrollaron los hechos dotó de cierta legalidad a aquella, teniendo en cuenta que se trató de un período de características excepcionales. Previamente la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca había señalado que durante el gobierno democrático de Isabel Perón se habían adoptado una serie de normas con el propósito de combatir la subversión que iban desde la ley de “Seguridad Nacional” hasta los llamados “decretos de aniquilamiento”.
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