El ex administrador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Daniel Marchi, declaró en el marco de la causa en la que se investigan las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) denunciadas por el funcionario. El contador prestó declaración testimonial en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002 a donde acudió citado por el juez federal Ariel Lijo. La causa se inició a partir de testimonios que se extrajeron de otro expediente a solicitud del fiscal federal Ramiro González.
“Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones de reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, aseguró Marchi. Además, explicó que siempre se llevó bien con todos los magistrados y que fue administrador durante las presidencias de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti sin objeción alguna durante 15 años.
“El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, declaró el ex administrador y agregó que no tiene ningún rencor ni animosidad contra los jueces de la Corte.
Asimismo, relató que informó de gravísimas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial ante la Comisión de juicio político de Diputados. En ese sentido, reiteró que la Corte ordenó una auditoría cuyas conclusiones son coincidentes con sus informes. Y afirmó que se trata de información objetiva, contable y probada, no una mera declaración.
En otro tramo de su declaración, Marchi dijo que Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo de la Obra Social hasta el año 2021. Señaló que ese hecho es innegable, entre otras razones, porque el propio ministro lo reconoce expresamente en el mail que le leyeron en la Comisión de juicio político. Relató que antes de que él ingresara, la Corte, el Consejo de la Magistratura y la Obra Social eran una sola unidad que controlaba el administrador.
Durante la presidencia de Lorenzetti -dijo Marchi- se distribuyeron las áreas entre los ministros. De esta manera, Zaffaroni y Lorenzetti se hicieron cargo del CIJ, Argibay del Cuerpo Médico Forense y la Oficina de la Mujer, Highton de la Oficina de Violencia Doméstica y Maqueda de la Obra Social. Sobre el supremo cordobés, Marchi declaró que pidió expresamente que no se lo incluyera en una acordada: “Lo que conozco, porque a mi me toca certificar las acordadas, es que el doctor Lorenzetti, que era presidente, me dijo que era decisión de Maqueda y este lo ratificó.”
Además, el ex funcionario declaró que en 2008 se aprobó el estatuto para la Obra Social que estuvo vigente hasta 2021. Había un Directorio, un ministro a cargo y ello rigió pacíficamente durante 13 años sin ninguna participación de la administración. Marchi contó que el 7 de abril de 2008 se designó directores a Aldo Tonón, Claudia Madies y Francisco Ramos. Los dos primeros eran parte del equipo de Ginés González García y fueron propuestos por Maqueda, amigo del ex ministro de Salud. Al poco tiempo, según declaró el ex administrador, Maqueda hizo renunciar a Ramos y a Madies quedando solamente Tonón. También declaró Marchi, que para reforzar su presencia en la Obra Social, Maqueda propuso a su secretaria, Marta Herrera Alem quien fue designada directora en marzo de 2013 y luego vicepresidenta.
Marchi declaró que en agosto de 2021 propuso que la administración de la Corte supervise la Obra Social. En octubre de ese año fue contratado Mariano Althabe a propuesta de Horacio Rosatti, y de esta manera el control siguió en manos del actual presidente del máximo tribunal y de Maqueda pues Tonón y Althabe siguieron en el Directorio. En su declaración, el contador Marchi dijo que la administración debía presentar informes mensuales, y señaló que cuando presentó el primero ya no gustó y por eso Rosatti propuso que no sean mensuales sino semestrales. Luego, dijo Marchi, se ocultaron sus informes y finalmente lo desplazaron. “Quieren reventar 150 mil millones de la Corte y 80 mil de la Obra Social”, manifestó el contador Marchi en su declaración testimonial.
Asimismo, acusó a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, de ser el responsable de la persecución y la informalidad en la Corte. Dijo que promovió su desplazamiento y que está designando personal en áreas claves como seguridad y administración. Declaró además que Robles amenazó a varios empleados diciéndoles que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerle, de lo contrario “van a terminar en Siberia”, haciendo alusión de esa manera a que los trasladaría.
También dijo Marchi que Robles eliminó la dirección de mail oficial del presidente de la Corte en diciembre de 2022. Sobre ese hecho, declaró que la orden la dio el propio Robles vía WhatsApp a la Dirección de Sistemas sin avisarle a él como máximo responsable de la administración. Lo acusó también de haber ocultado el informe de auditoría número 4 de la Obra Social presentado por la Secretaría de Administración respecto de la gestión de Althabe, el presidente del Directorio propuesto por Rosatti. De esta forma, según Marchi, ese informe no pudo llegar a los despachos de los otros ministros.
La Secretaría de Administración a cargo del contador Marchi denunció en sus informes la existencia en la Obra Social de una estructura irregular con cargos vacantes y otros ocupados con locaciones de servicio (80 contratos de locación de servicio sobre una planta de 160 empleados); un sistema informático obsoleto; falta de herramientas de gestión, sin contabilidad ni presupuesto; diferencias en el inventario de medicamentos de las farmacias; pérdida de ingresos por mantenimiento de dinero ocioso en cuentas corrientes; falta de publicación de actos administrativos; falta de controles sobre las liquidaciones de medicamentos; adquisición de medicamentos y prótesis por compra directa, entre otras irregularidades.
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