El presidente Alberto Fernández envió al Senado el pliego de medio centenar de candidatos y aspirantes a jueces. En el mensaje 55/23, el jefe de Estado solicitó acuerdo al Senado para prorrogar por cinco años más a la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto cumplirá 75 años, edad límite por la Constitución Nacional para ocupar ese cargo, salvo una reválida votada con la cámara alta.
Dice textualmente: “Al honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar un nuevo nombramiento en los términos del articulo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional de la vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional por desempeñar dicho cargo, mediante el decreto 1896 del 21 de noviembre de 2011 y decreto de traslado 143 del 4 de febrero de 2013. Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración”. Lleva la firma del presidente Fernández, del jefe de Gabinete Agustín Rossi y del ministro de Justicia Martín Soria. Vale aclarar: Figueroa llegó a la Cámara Federal en 2011. Había sido designada a la Sala 2. El decreto de traslado que firmó CFK fue para integrar la Sala 1.
El dato es leído en clave política. Figueroa tiene un voto determinante en las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Junto a los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, debe resolver si hace lugar a los planteos para que se reabran y vayan a juicio las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, en donde además de la vicepresidenta están procesados sus hijos. Dos tribunales orales resolvieron que no habían que sustanciar esos debates que ya estaban en marcha, y ahora Casación tiene que resolver si convalida esa decisión.
En las últimas dos semanas, la jueza estuvo de viaje por el Vaticano asistiendo a un congreso organizado por el Papa Francisco. Volvió el martes, como estaba anunciado. “Algunos la esperaban como si bajara del avión con la lapicera”, ironizó una fuente de tribunales en diálogo con Infobae sobre la expectativa generada en torno a un inminente fallo.
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En el primer piso algunos no dejaban de observar la foto de lo que pasó recientemente del caso de Figueroa con el de Eduardo Riggi, integrante histórico de la Cámara Federal de Casación Penal, que en febrero cumplió 75 años. Su pedido de reválida estaba en el Ministerio de Justicia desde octubre. De ahí no se movió. Hubiera servido que desde el Ejecutivo se enviara su nombre a la Cámara Alta, al menos para que se interpretara como un aval tácito a la solicitud hasta el momento de las definiciones en el Senado. Pero eso tampoco pasó.
Entre la otra medio centenar de pliegos enviados por el Ejecutivo, hubo otro que llamó la atención el pliego enviado para nombrar al juez Fernando Luis Rodolfo Poviña para designarlo vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Es que Poviña había quedado en el puesto número uno de la lista de candidatos en el concurso para la Sala I de la Cámara Federal porteña, que busca reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El resto de los los cargos son para ocupar vacantes en tribunales de Mar del Plata, Jujuy y Misiones. También figura el nombre de Román Lanzon para ocupar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, uno de los distritos con más vacantes frente a la problemática del narcotráfico. A la lista se suman cargos en juzgados civiles y comerciales.
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