Después de 33 años se cerró la causa por el llamado “monumento a la corrupción” de 191 millones de dólares

Todo fue grande. La obra, las cifras sospechadas de corrupción y el tiempo que duró la causa judicial. Después de 33 años de trámite quedó definitivamente cerrado el expediente por lo que se conoció como “el monumento a la corrupción”. Fue la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la obra civil más importante del país por la que se sospechó que hubo corrupción por más de 191 millones de pesos y cuya investigación judicial comenzó en octubre de 1989.

Los tres empresarios que estaban acusados quedaron definitivamente sobreseídos luego de un fallo de fin de año de la Cámara Federal de Casación Penal que no fue apelado para que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informaron a Infobae fuentes judiciales. La medida alcanza a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega.

“Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”, dijo Carlos Menem en abril de 1990, pocos meses después de asumir como presidente de la Nación. La represa de Yaceyretá es la obra civil más grande del país y se encarga de la generación de energía eléctrica. Une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. Su construcción comenzó en 1973, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y se inauguró en 1994 con Menem.

Antes de su inauguración ya tenía una causa judicial. El 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova denunció que se habían cobrado de manera ilegal el 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa. Lo mismo había ocurrido con el 25% de los neumáticos utilizados en la obra. El fraude total al Estado llegaba a 191.004.275,394 de dólares.

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Así como demoró la obra, demoró la causa. El expediente primero fue declarado prescripto. La Cámara Federal confirmó una parte de la prescripción y ordenó que se investigue el resto. Los acusados fueron procesados, pero después sobreseídos y nuevamente procesados. En 2017, Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones, fueron enviados a juicio oral. En 2019, el Tribunal Oral Federal inició el proceso.

La causa es tan vieja que muchos documentos que recopiló la Justicia están en australes -la moneda que luego fue reemplazada por el peso en 1991- y varios de ellos tuvieron que ir a buscarse a viejos archivos de la administración pública de lo antiguos que eran. Cuando se inició el caso no existían lo que hoy son los tribunales de Comodoro Py y tramitó bajó el viejo Código Procesal Penal.

El fiscal federal Abel Córdoba y el abogado José Manuel Ubeira -representante del denunciante Casanova- entendieron que las acusaciones estaban probadas y pidieron condenas de entre cuatro y cinco años de prisión y la querella de entre cinco y seis años.

Los tres acusados fueron absueltos en noviembre de 2020. El juez Guillermo Costabel consideró prescripta la causa. Sus colegas Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado absolvieron de culpa y cargo a Ortega y por el beneficio de la duda a Rizzo y Henin. El voto de la mayoría hizo referencia a la extensión del caso y hablaron de “la erosión causada por el transcurso del tiempo sobre el plexo probatorio”.

“El modo bajo el cual se llevó adelante la causa ‘Yacyretá’ representa posiblemente el fracaso de todo aquello que la Justicia debería poder ofrecer a la sociedad y redundó de modo irremediable en una severa degradación de las pruebas a la que este Tribunal se enfrentó: testigos que fallecieron; otros que ya no recordaban prácticamente nada relevante de los hechos, o que debieron ser interrogados en relación con documentación de dificilísima compulsa por estar acumulada en cajas viejas, desorganizadas, llenas de amarillentos expedientes muchas veces incompletos o carcomidos”, señalaron.

Tanto la Fiscalía como la querella apelaron el fallo. Y el 26 de diciembre del año pasado los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques confirmaron los sobreseimientos.

“Conforme surge de la lectura de los recursos y de los argumentos expuestos por los magistrados se advierte que los acusadores no han logrado rebatir los fundamentos de la resolución que se impugna, de modo de demostrar en qué consistiría el defecto de esa decisión, circunstancia que impide admitir las vías intentadas. En estas condiciones, cabe concluir que el pronunciamiento impugnado ha sido sustentado razonablemente y los recursos sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”, señalaron los magistrados.

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Ante ese fallo quedaba la instancia de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de Ubeira como querellante y del fiscal de Casación Javier De Luca. Pero ambos entendieron que en el caso no aplicaba la posibilidad de presentar un recurso extraordinario federal para acudir al máximo tribunal, donde el tiempo del expediente se podría extender por varios años más -ya que no tiene plazos para resolver- con pocas chances de que las absoluciones sean revocadas. Así, quedaron firmes y la causa cerrada después de 33 años.

En el medio hubo otra causa por Yacyretá que tuvo condena. En 1998 el gobierno de Menem y la empresa italiana Ansaldo Energía Spa firmaron un contrato de 70 millones de dólares para la compra de cinco turbinas para la represa. Se detectó que en esa operación se le reintegraron a la compañía 17 millones de dólares de manera ilegal. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso.

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