El juicio oral por la causa de corrupción más antigua del país entra en su etapa final. Se trata de lo que se llamó el “monumento a la corrupción”: es por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá. El caso cumplirá 31 años en 10 días: comenzó el 14 de octubre de 1989 cuando se presentó la denuncia.
El fiscal federal Abel Córdoba hará el lunes sus alegatos en el juicio contra los tres empresarios que están siendo juzgados. La semana pasada la querella pidió que sean condenados a cinco y seis años de prisión y luego será el turno de las defensas. En las próximas semanas se conocerá el veredicto del caso, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La represa de Yaceyretá, para la generación de energía eléctrica, es la obra civil más grande del país. El complejo une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. La obra atravesó a cuatro gobiernos. En 1973, en el tercer mandato de Juan Domingo Perón, se creó con Paraguay el Ente Binacional Yacyretá. Durante la dictadura militar, en 1980, se licitaron las obras que se iniciaron en 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.
Fue el propio Menem quien inmortalizó a Yacyretá como “el momento a la corrupción”. Lo hizo a poco de asumir como presidente, en abril de 1990. Regresaba de un viaje Paraguay y anunció que su intención de suspender por un tiempo las obras. “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”, dijo.
Pero antes de su inauguración ya tenía una causa en tribunales. El 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova denunció que se habían cobrado de manera ilegal el 15% de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa. Lo mismo había ocurrido con el 25% de los neumáticos utilizados en la obra. El fraude total al Estado llegaba a 191.004.275,394 de dólares.
La causa es tan vieja que muchos documentos que recopiló la Justicia están en australes -la moneda que luego fue reemplazada por el peso en 1991- y varios de ellos tuvieron que ir a buscarse a viejos archivos de la administración pública de lo antiguos que eran.
En 2017 el caso fue enviado a juicio oral y el proceso comenzó dos años después. Por el hecho están acusados Guillermo Henin, director de Dicmar SA, Gianfranco Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Robert Ortega, a cargo de las adjudicaciones.
¿Cuáles fueron los vaivenes de la causa para que su investigación demore dos décadas? El expediente primero fue declarado prescripto. La Cámara Federal confirmó una parte de la prescripción y ordenó que se investigue el resto. Los acusados fueron procesados, pero después sobreseídos y nuevamente procesados. Ninguna de estás ideas y vueltas procesales justifican más de 25 años de investigación.
Tal fue la demora que antes hubo otro juicio por un hecho ocurrido en Yacyretá diez años después de la primera denuncia. En 1998 el gobierno de Menem y la empresa italiana Ansaldo Energía Spa firmaron un contrato de 70 millones de dólares para la compra de cinco turbinas para la represa. Se detectó que en esa operación se le reintegraron a la compañía 17 millones de dólares de manera ilegal. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso.
El juicio por la primera denuncia lo comenzó el Tribunal Oral Federal 4 en octubre contra Henin, Rizzo y Ortega en los tribunales de Comodoro Py. El proceso se suspendió en marzo por la pandemia del coronavirus y se retomó tres meses después ya por videoconferencia. En el caso declararon una veintena de testigos, entre ellos Fernando “Pino” Solanas, actual embajador argentino ante la Unesco. Solanas escribió el libro Yacyretá: crónica de un despojo.
El lunes pasado el juicio entró en su etapa final. José Ubeira, abogado querellante del contador Casabona, pidió que los tres acusados sean condenados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para Henin solicitó la pena de seis años de prisión y cinco años para Rizzo y Ortega. Para que la querella se probó que los tres acusados cometieron irregularidades en los reembolsos impositivos que iban a la industria nacional y lo que ocurrió lo enmarcó en la llamada “patria contratista” que se inició con la última dictadura militar y se prolongó hasta el gobierno de Menem. Ubeira tiene otro caso vinculado a la represa: es el abogado defensor de Oscar Thomas, ex interventor de Yacyretá desde 2003 a 2015, en la causa por los cuadernos de la corrupción. Thomas está acusado de pagarle coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.
El proceso continuará el lunes a las 10:30 con el alegato del fiscal Córdoba vía Zoom donde se conocerá su acusación y los eventuales pedidos de pena. Luego será el turno de las defensas y finalmente el veredicto de los jueces Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado.
Durante la investigación del caso y en el inicio del juicio las defensas hicieron planteos que formarán parte de sus alegatos. Señalaron que el caso está prescripto y que se debe aplicar lo que se llama plazo razonable -pasó tanto tiempo desde el inicio que no pueden ser responsables por la demora del estado-, lo que fue rechazado por el tribunal. “Si bien el proceso reconoce un origen lejano en el tiempo, no es menos cierto que en su desarrollo la investigación se vio complejizada por múltiples factores que incidieron en su tramitación”, respondieron los jueces.
Las defensas también sostienen que si el caso se trata de una administración fraudulenta contra la administración pública deberían estar acusados funcionarios públicos y en el juicio no los hay.
Pero los funcionarios públicos de entonces están bajo investigación. Son quiénes estaban en la Secretaría de Industria. Sus situaciones se tramitan en el juzgado federal 3. Así, la causa de Yacyretá sigue sumando años.
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