Santa Fe: la Asociación de Magistrados le pidió al gobierno que garantice la seguridad de jueces y fiscales amenazados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron en las últimas horas jueces y fiscales de Santa Fe que tienen causas contra el narcotráfico y le reclamó al gobierno local y al nacional que se garantice su seguridad.

“Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, sostuvieron a través de un comunicado el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.

El hecho que generó la alerta ocurrió el jueves a la noche cuando el senador provincial de Santa Fe Lisandro Enrico recibió una amenaza de muerte que incluyó a al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, al fiscal federal de la misma localidad, Javier Arzubi Calvo, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

“Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía la amenaza que partió de un teléfono con característica de la ciudad de Trelew, en Chubut, y por lo que ya se inició una causa judicial.

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El hecho ocurrió en un clima de violencia vinculada al narcotráfico que vive la ciudad de Rosario desde hace varios años y en el que esta semana el gobernador de la provincia, Omar Perotti, cambió al ministro de Seguridad.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, resalta con profunda preocupación los recurrentes actos intimidatorios de los que están resultando víctimas magistrados/as de la provincia de Santa Fe”, agregó la entidad.

En diálogo con Infobae, Gallo Tagle señaló que “situaciones de amenazas de muerte no pueden quedar impunes, un juez no puede llevar adelante sus funciones bajo amenaza inminente de muerte y sin un resguardo de su integridad física”. “Es preocupante que las amenazas se realizan desde institutos penitenciarios y hasta el momento no parece que estén tomando medidas al respecto”, agregó.

“El Poder Ejecutivo tanto Nacional como Provincial debe tomar cartas en el asunto y dar garantías de que se va a velar por la integridad de todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia que fueron amenazados. Debemos defender el respeto institucional para resguardar los derechos de las y los ciudadanos, condenar los delitos cometidos y frenar el avance de organizaciones criminales”, reclamó el titular de la AMFJN.

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Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales y defensores oficiales repudiaron el hecho y se solidarizaron ante las amenazas. La lista Bordó expresó que “la maquinaria criminal que ha permeado, germinado y ramificado en la provincia de Santa Fe demuestra con singular claridad que nos dirigimos, en pendiente y sin estribos, al funesto estado de cosas que por décadas flageló a hermanas regiones centroamericanas y condicionó el bienestar general”. “Santa Fe cuenta con un Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos honestos y comprometidos con su rol constitucional; pero para que ello pueda ser ejercido con eficiencia se requiere por parte de los poderes administradores la generación de condiciones adecuadas para su desempeño”, agregó.

Por su parte, la lista Celeste señaló que las amenazas “constituyen ataques inadmisibles e impropios de un Estado de derecho” y exhortó “de manera urgente y sin dilaciones a que las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes, garanticen la debida protección y seguridad de todas y todos, para evitar de manera efectiva y definitiva la repetición de estos lamentables episodios que se han convertido en una práctica habitual”.

“No descansaremos hasta que las autoridades pertinentes adopten las medidas de resguardo necesarias para los colegas que sufren amenazas -propias de las mafias que nos pretenden atemorizar- o coacciones de cualquier especie, que les impiden trabajar con tranquilidad espiritual y resguardo físico”, sostuvo también “Compromiso Judicial”. Y agregó que “nuestra seguridad e independencia no son negociables y deben ser garantizadas de manera urgente, porque de eso depende que podamos tomar decisiones jurisdiccionales con libertad, libres de cualquier presión”.

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