Las fuerzas de seguridad de Honduras intensificaron las operaciones contra el denominado Cártel del Diablo en el departamento de Yoro, donde anunciaron la captura de 18 presuntos integrantes de esa estructura criminal durante una serie de intervenciones policiales en el municipio de Sulaco.
El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó las detenciones y señaló que durante los operativos también se decomisaron medios de transporte y otros elementos que, según las autoridades, los sospechosos usaban para cometer delitos.
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Las acciones forman parte de una nueva fase del Plan Escudo Nacional, dirigida a desarticular organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
Las intervenciones incluyeron 31 allanamientos en los municipios de Sulaco, Victoria y Yorito, todos ubicados en Yoro. Los detenidos son señalados por su presunta participación en asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de drogas y asociación terrorista.
El despliegue se produce mientras el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que las autoridades mantienen operaciones contra los principales integrantes del Cártel del Diablo y esperan obtener nuevos resultados en las próximas horas.
Más de 30 capturados
Velásquez explicó que durante los últimos meses las operaciones policiales permitieron detener a más de 30 presuntos miembros de esta organización, quienes fueron puestos a disposición de los órganos competentes por diferentes delitos.
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Entre los señalamientos contra los integrantes figuran asesinatos y asociación terrorista, figura penal que las autoridades aplican para perseguir a quienes presuntamente forman parte de organizaciones declaradas terroristas.
Sin embargo, el funcionario reconoció que todavía quedan pendientes varias capturas de integrantes considerados cabecillas de la estructura criminal.
Entre ellos se encuentra el supuesto líder conocido con el alias de “El Diablo”, cuya localización continúa siendo uno de los objetivos de las operaciones desplegadas en Yoro.
Velásquez sostuvo que las nuevas disposiciones legales permiten ampliar la persecución penal más allá de quienes ejecutan directamente los delitos, para alcanzar también a personas que presuntamente colaboran con las organizaciones criminales. La responsabilidad penal de cada detenido deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
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84 detenidos por asociación terrorista
En el balance nacional de seguridad, Velásquez informó que el Plan Escudo Nacional contabiliza 84 personas detenidas por el delito de asociación terrorista, trasladadas a centros penitenciarios de máxima seguridad.
La cifra representa un aumento frente a los 60 detenidos por asociación terrorista que la Policía Nacional había informado el 26 de octubre, cuando presentó resultados de las operaciones iniciadas el 21 de septiembre.
En aquel reporte, las autoridades detallaron que los arrestos correspondían a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo.
El nuevo balance refleja la continuidad de las operaciones y la ampliación de las acciones policiales contra las organizaciones declaradas asociaciones terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Las autoridades indicaron que el despliegue incluye labores de investigación, localización de sospechosos y ejecución de órdenes judiciales en diferentes departamentos.
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Desalojos de tierras
El ministro también abordó los procedimientos para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente y reconoció que los desalojos enfrentan dificultades legales y operativas.
Velásquez explicó que no basta con una decisión administrativa para recuperar un terreno: se requiere una orden judicial y la disposición de los propietarios para recibir nuevamente sus propiedades.
El funcionario también manifestó preocupación por una presunta infiltración de organizaciones criminales en algunas asociaciones campesinas, donde, según su versión, podrían confluir intereses sociales, políticos y delictivos. La eventual vinculación de personas u organizaciones con actividades criminales deberá establecerse mediante investigaciones y resoluciones judiciales.
Velásquez aseguró que se ejecutaron desalojos en diferentes puntos del territorio nacional y que existen otros procedimientos pendientes de resolución.
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